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FRANZ VON BERGEN fvonbergen@el-nacional.com
MAOLIS CASTRO macastro@el-nacional.com
14 de diciembre 2014 - 10:31 am
El 25 de julio de 1999, los venezolanos fueron testigos de la elección con la mayor desproporción de su historia. Ocurrió en los comicios para escoger a los legisladores que integraron la Asamblea Nacional Constituyente que se convocó en ese año, proceso que sirvió para legitimar un dominio abrumador del llamado Polo Patriótico en el congreso que se encargó de redactar la Constitución Nacional vigente.Aquella cámara estaba compuesta por 131 miembros: 104 escogidos en 24 circuitos regionales, 24 elegidos en una circunscripción nacional y 3 en representación de comunidades indígenas. En los estados, el chavismo obtuvo 56% de los votos y con eso se llevó 98% de los cargos, mientras que en la circunscripción nacional ganó 83% de los escaños con 66% de los sufragios.
La situación se tradujo en que, a pesar de conquistar más del 35% del electorado, la oposición terminó siendo representada solo por 6 de los 131 legisladores, menos del 5% del total: Alberto Franceschi, Jorge Olavarría, Claudio Fermín, Alan Brewer Carías, Virgilio Ávila Vivas y Antonio Di Giampaolo fueron las únicas voces disidentes durante el largo proceso, bandera política de Hugo Chávez en su primera campaña electoral. Del grupo amplio del entonces oficialismo, destacaban Luis Miquilena, Nicolás Maduro, Aristóbulo Istúriz, Leopoldo Puchi, Elías Jaua, Edmundo Chirinos, María Isabel de Chávez. El tablero de jugadores se ha movido con los años, pero el juego está lejos de terminar.
El CNE y el TSJ. Varios factores se conjugaron para hacer posible esa desproporcionalidad. Primero, en aquellos comicios se reemplazó el sistema proporcional, tradicional en Venezuela, por uno casi mayoritario, lo que permitió que el ganador se llevara todo aunque hubiese vencido por un solo voto de diferencia.
Además, la fuerte organización del chavismo, con alianza perfecta en todo el país, le pasó por encima a la oposición, que se vio debilitada por la división en las candidaturas. Ambas fuerzas son hoy muy distintas: las alianzas han perdido perfección y los débiles han ganado fuerza en comicios recientes.
Mañana se cumplen 15 años de que fuera aprobada en un referéndum la carta magna vigente y la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente vuelve a estar hoy en el centro de la discusión política, tiempo antes de que se realicen las elecciones parlamentarias que aún no tienen fecha definida. Voluntad Popular, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, es el principal proponente de la iniciativa bajo el argumento de que permitiría renovar los poderes públicos y brindaría una salida pacífica a la crisis en la que está inmerso el país.
El tema, sin embargo, se presta para debate y otros sectores de la oposición consideran que el mecanismo más bien pudiese ser aprovechado por el chavismo para seguir profundizando los cambios que ha instaurado en el sistema político.
Eso, precisamente, dijo el presidente Maduro a modo de amenaza: "Si la derecha fascista y corrupta nos busca por el lado de la Constitución no tengo dudas de que la revolución bolivariana ganaría ampliamente una Asamblea Nacional Constituyente y entonces radicalizaríamos la revolución".
A la hora de evaluar cuál de las partes tiene razón, la selección de los eventuales constituyentistas vuelve a estar sobre el tapete. Algunos de los factores estructurales que permitieron la desproporción de 1999 siguen vigentes. Por ejemplo, en aquella ocasión la ley no especificaba el mecanismo de selección, lo que obligó a que el presidente de la república propusiera uno que luego fue evaluado por el entonces Consejo Supremo Electoral y se sometió a votación. Las leyes siguen sin ser claras sobre los distintos mecanismos involucrados en la propuesta. Ni la Constitución ni la ley de Procesos Electorales indican cómo debe ser la recolección de firmas, de la cual sólo se tiene claro la cantidad necesaria: 15% del electorado. El marco legal tampoco especifica cómo se haría la elección de los legisladores o si es necesario que después sean relegitimados todos los poderes públicos.
En octubre de 2007, un grupo de ciudadanos interpuso ante el TSJ un recurso por abstención o carencia contra el CNE para solicitar que fueran proporcionados los lineamientos que se deberían seguir para activar una Constituyente por iniciativa popular. En abril del año siguiente, la Sala Electoral falló en contra del Poder Electoral y le dio un lapso de 10 días hábiles para que publicara el procedimiento requerido. A pesar de eso, hasta la fecha no se han hecho públicos los pasos necesarios.
"Lo más grave es el vacío que existe, mientras no se tengan las reglas claras puede pasar cualquier cosa", alerta José Huerta, profesor de la UCV que se ha dedicado a estudiar la factibilidad de la propuesta de Voluntad Popular. "El primer actor en todo este proceso es el Consejo Nacional Electoral, a quien le corresponderá evaluar la iniciativa, regular y convocar las elecciones.
El segundo gran actor es el Tribunal Supremo de Justicia, a quien le corresponderá revisar la actuación del CNE", advirtió el abogado José Ignacio Hernández en un artículo escrito en junio en la web prodavinci.com.
Si no se repitiera el método de elección del año 1999, otra opción es que los asambleístas se escogieran con base en los circuitos que sirven para las elecciones parlamentarias, lo cual tampoco resulta demasiado halagüeño para el bando opositor: en 2010, con 47% de los votos, el PSUV se quedó con 60% de los escaños. Y esa vez los adversarios del gobierno fueron a los comicios en alianza casi perfecta.
Un modelo matemático creado por Huerta permite concluir que la repetición de ninguno de los resultados de las últimas ocho elecciones que ha habido en el país permitiría a la oposición obtener la mayoría en una asamblea escogida de esta manera, ni siquiera los números del referendo de 2007, que perdió el gobierno.
Las firmas. Leopoldo López, líder del partido político, ya adelantó en una entrevista concedida en junio a El Nacional desde la cárcel de Ramo Verde, la propuesta de reforma de la carta magna como una jugada para un cambio de gobierno: "Yo espero que mis compañeros de la unidad que fueron a la trampa del diálogo asuman con responsabilidad el camino frontal de enfrentar a la dictadura hasta lograr derrocarla por la vía popular, democrática y constitucional. Si se cierran todos los caminos institucionales, como en efecto está ocurriendo, nos toca salir a convocar una constituyente como establece la Constitución".
En una encuesta de octubre pasado de IVAD, 48,4% se declaró dispuesto a fi rmar por un constituyente. Ese dato choca con lo que se vio en los puntos de recolección de fi rmas dispuestos por Voluntad Popular, que no muestran tanta afluencia de personas. "Las acciones de Voluntad Popular no han llegado tanto a los estratos D y E. Si ellos conectan su mensaje con la idea de que esta es la vía para producir cambios, pueden tener éxito.
El principal obstáculo que tienen es la difusión de su propuesta y que tienen pocos medios para hacerlo", explica Félix Seijas, directivo de IVAD y presidente de Delphos, quien, por ahora, ve difícil que ese proyecto se materialice.
La recolección de firmas ocurrió el 27 de septiembre. Voceros de VP aseguraron que en una jornada de 5 horas lograron las rubricas de 52.000 personas en todo el país. "Hasta el momento contamos con más de 700.000, pero necesitamos más de 2.832.300 (equivalentes al 15% del padrón electoral). Lo importante es que este proceso no tiene tiempo de caducidad", confirmó el miércoles David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo, en una entrevista telefónica.
Él es uno de los dirigentes que ha sido vocero del proceso, aunque sobre VP pesen amenazas y detenciones luego de las protestas de febrero.
"La asamblea constituyente plantea un cambio de todos los poderes públicos. Se trata de reinstitucionalizar el Estado venezolano. Consideramos que no solo es el presidente de la república lo que se debe cambiar, sino que es necesaria una transformación en todos los poderes públicos", detalló.
Algo similar planteó Chávez 1999: el renacimiento de la república después de lo que él consideró la muerte del puntofijismo. La tentación de reformar la Constitución ante períodos de conflictos agudos no es nueva en Venezuela.
Para Carlos Tablante, militante de VP y exconstituyentista de 1999, la constituyente es una de las pocas armas que queda a la oposición. "Se vive una situación al margen de la carta magna. En los últimos 15 años se ha construido un Estado en que el ciudadano común debió transitar de lo legal a lo ilegal. La violencia, la corrupción, la inflación y cómo el país se cae a pedazos, evidencian que hay una violación sistemática en contra del estado constitucional. Eso es lo que queremos revertir", afirmó.
Sus argumentos se apoyan en cuatro artículos de la Constitución Nacional vigente para invocar su reforma: 23, 321, 347 y 349. En el último se prevé que el presidente no podrá "objetar la nueva Constitución y que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente".
No es la vía. Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, refiere en el capítulo "Un país entrampado que busca salidas en la Constitución" del libro Leopoldo López, preso de Maduro, publicado recientemente: "En cuanto a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de `transformar al Estado y restituir la democracia y la libertad en Venezuela’, establecida en los artículos 347 y 348 de la Constitución, considero que los problemas que aquejan y sufre el país no se resuelven con una Constituyente, un cambio total de la carta magna o un nuevo orden constitucional. Los males que estamos padeciendo no son primordialmente culpa de la Constitución y un debate constituyente sobre temas constitucionales en nada contribuiría a resolver los problemas de eficiencia, legitimidad y democracia inmediatos que han conducido a la crisis de gobernabilidad. Una Constituyente implica por los menos tres procesos electorales, el desgaste de activar institucionalmente el proceso como tal, la intervención de un CNE que se encuentra deslegitimado, un largo proceso de debate seguramente polarizado, y, después de por lo menos dos años, un cuarto proceso electoral para la aprobación o no del nuevo texto constitucional. Eventualmente, se necesitaría la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde solo han surgido interpretaciones acomodaticias de las reglas del juego establecidas en la Constitución".
Los dirigentes de VP reconocen que podrían encontrar tropiezos a lo largo del proceso para ejecutar la Asamblea Constituyente. "Sabemos que cuando hay un sistema totalitario, no hay garantías de nada. En las dictaduras siempre encontraremos cualquier camino con espinas, eso requiere de sacrificios. Por eso, creemos que cualquier protesta debe estar acompañada con presión de calle que es un derecho de cualquier ciudadano.
Si intentan quitarnos las firmas, debemos apelar al derecho a la protesta", indicó Smolansky.
En el estudio de IVAD se preguntó sobre la posibilidad de convocar a una constituyente para producir un cambio político y 70,2% de los interrogados dijo estar de acuerdo con la iniciativa.
"Ese número es bastante alto, pero se debe aclarar que la pregunta se asoció a la idea de un cambio político, que es lo que recibe el mayor apoyo. Hasta ahora muchas personas no relacionan la idea de la constituyente con un bloque político particular, si lo hicieran es posible que muchos simpatizantes del chavismo que se manifestaron a favor hubiesen respondido diferente.
Parte de ellos quiere un cambio, pero no uno que involucre a la oposición", indica Félix Seijas. 15 años después del surgimiento de lo que el chavismo denominó la V República, la necesidad de cambiar el sistema de gobierno vuelve a ser un dilema.
Un careo de fondo
En su columna semanal de El Nacional del pasado 5 de octubre, Elías Pino Iturrieta, historiador y editor adjunto de este periódico, puso en duda la utilidad de convocar una nueva Asamblea Constituyente para resolver la crisis del país.
"¿Cómo convocar de manera solvente una nueva convención de hacedores de constituciones, cuando la vigente no ha dejado de tener popularidad y cuando las críticas de las mayorías no se han orientado contra su contenido, sino contra los dislates del gobierno?", se preguntó en aquella ocasión.
Desde Ramo Verde, Leopoldo López envío una carta de respuesta el 11 de octubre. "Quienes pretendemos liderar un proceso de cambio, no podemos conformarnos con tener un diagnóstico certero de la situación. Es necesario poner la mirada en el horizonte de un futuro mejor y a partir de allí definir la ruta para alcanzarlo", argumentó.
"Es tan difícil ganar una Asamblea Nacional como una Asamblea Nacional Constituyente, ambas deben sortear los obstáculos institucionales y la acción de un CNE secuestrado", agregó el coordinador de Voluntad Popular.
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