María Corina Machado volvió ayer al Palacio de Justicia para manifestarle su respaldo a Leopoldo López EDSAU OLIVARES
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
jueves 5 de junio de 2014 12:00 AM
Cuatro de la tarde. Esa era la hora que marcaba el reloj cuando la jueza 16 de Control de Caracas, Adriana López, decidió ponerle punto final a la maratónica audiencia preliminar de Leopoldo López la cual se inició el lunes y que tras tres sesiones consumió 25 horas. Sin embargo, al filo de la medianoche la funcionaria aún no había anunciado si ordenaba el enjuiciamiento del dirigente opositor por presuntamente planificar los sucesos ocurridos el pasado 12 de febrero y si ese proceso lo seguiría tras las rejas.
¿Qué impidió a la Jueza que ocho horas después de concluidas las exposiciones de las partes no anunciara su veredicto? Una petición de última hora que los fiscales interpusieron para subsanar su acusación y suprimir de ella la condición de "víctima" que se le otorgaba al Ministerio Público y a la policía científica, cuyas sedes y equipos fueron daños durante los disturbios posteriores a la marcha opositora que el fundador de Voluntad Popular acompañó ese día.
Precisamente este asunto era uno de los aspectos más cuestionados por la defensa, la cual acusó al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz de "antiético" y consideró que esto era suficiente para enviar a la basura el caso, porque "no se puede ser víctima e investigador a la vez".
"La Fiscalía al declararse víctima mal podía investigar con la imparcialidad necesaria y eso se vio con el hecho de que algunos de los expertos que utilizó para sustentar su acusación militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y han manifestado abiertamente su animadversión contra López o porque hayan rechazado las pruebas que promovimos", afirmó Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados de López, en conversación telefónica con El Universal, mientras aguardaba la resolución en los pasillos del Palacio de Justicia, el cual por tercer día consecutivo estuvo custodiado por decenas de policías y guardias nacionales.
El cambio también fue criticado por otro de los abogados del opositor, Rafael Marrero, quien aseguró: "Ellos hicieron una acusación sin base, mal ejecutada y temeraria, y ahora están tratando de subsanarla al final".
El TSJ como arma
La defensa de López también apeló a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en tantas ocasiones en estos 15 años favoreció al oficialismo, en particular al fallecido presidente Hugo Chávez a la hora de enfrentar demandas. Los representantes del exalcalde y exprecandidato presidencial consignaron ocho fallos que el máximo juzgado dictó sobre el derecho que tienen los políticos a formular críticas, por más agudas que sean, para refutar así los señalamientos de la Fiscalía respecto a que su discurso contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro buscaba incitar una revuelta para "desconocer la legitimidad del Ejecutivo Nacional".
"Se entregaron ocho decisiones del TSJ (cuatro de la Sala Plena, tres de la Constitucional y una de la Penal) en las que se afirman que los actores políticos están facultados para criticar sin que se les criminalice", informó Gutiérrez, quien agregó: "Se le pidió a la Jueza que no vaya en contra de los lineamientos y directrices de su superior: El TSJ".
Entre los dictámenes que expusieron ante la Jueza, para pedirle que desechara la acusación contra López y lo dejara en libertad se encuentra la 1.942 de la Sala Constitucional de 2003, en la cual declaró: "Dentro de un Estado democrático, entre cuyos valores se encuentra la libertad, la ética y el pluralismo político, el hecho político debe tenerse en cuenta al medir el acto abusivo del derecho a la libre expresión, ya que, de no ser así, quienes intervienen en la lucha política se convertirán en unos eunucos, ya que no podrían exponer a sus seguidores, o a quienes pretendan los acompañen, sus ideas y fines".
Asimismo apelaron a otro mediante el cual se desechó una solicitud del abogado Hermann Escarrá para procesar a Chávez en 2009 por supuestamente incitar al odio al afirmar: "Le vamos a entrar a Batasos (por los batallones socialistas)" en alusión a los opositores.
El máximo juzgado, en su dictamen, afirmó que las expresiones del entonces Jefe del Estado no eran delito, pues las mismas no podían interpretarse literalmente y además afirmó: "La libertad de expresión de ideas y de pensamiento es válida no sólo para las informaciones o las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que pudieran considerarse como chocantes".
Un análisis de tres discursos de López y sus mensajes de Twitter llamando a "La Salida" y a protestar sustentan la acusación del Ministerio Público.
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