Gozan de impunidad

Tal Cual

Luis Izquiel, de la MUD, asegura que el estado no los investiga ni sanciona. Un miembro de Provea dice ser testigo vivencial de la actuación de grupos armados que lo secuestraron y golpearon. Desde la ONG se asegura que tienen responsabilidad en 30% de las protestas que han sido atacadas

EQUIPO PAÍS

El pasado 12 de febrero, cerca de las 9 de la noche, a la salida del metro Agua Salud de Caracas, Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, se topó con una alcabala de un grupo de unos 20 hombres vestidos de negros, con pasamontañas y portando armas largas, que lo reconocieron por su trabajo en la ONG, lo secuestraron y trasladaron hasta un terreno baldío en donde estuvo al menos una hora bajo amenaza, interrogatorios, golpes y callazos.

Según relata, horas antes, Rodríguez había estado monitoreando las protestas de calle en Caracas a propósito de la marcha convocada por el Día del Estudiante. "Me registraron el teléfono a ver que fotos tenía, me amenazaron de muerte y de hecho me dijeron que sabían exactamente donde vivía", agrega el activista de derechos humanos, quien confiesa que desde ese día tuvo que mudarse de la parroquia 23 de Enero.

Tal como cuenta Rodríguez, una representante de la Defensoría del Pueblo le acompañó hasta la Fiscalía para impulsar la investigación tras su denuncia introducida dos días después del hecho, pero asegura que hasta la fecha todavía no se le ha entrevistado. "Me citaron en una oportunidad y acudí, pero la fiscal no estaba y me citaron nuevamente para este mes.

En este caso lo más importante debía haber sido la práctica de un examen forense, porque estaba denunciando que fui golpeado, sin embargo, lo ordenaron de oficio. A estas alturas los golpes han desaparecido", acota. Señala además que aunque no solicitó medidas de protección, sí exigió que se cumpliera con lo establecido en la carta de Naciones Unidas donde se obliga a los Estados a brindar protección especial a los defensores de derechos humanos.

MAL MENSAJE

Aunque en el tema de inseguridad general del país, los grupos paramilitares numéricamente no tienen fuerte incidencia, según afirma el coordinador de la comisión de seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Luis Izquiel, la falta de atención que dice tiene el Estado venezolano para con ellos es un mal mensaje que se le envía a la sociedad "de que quien está ligado al oficialismo goza de total impunidad y puede violar la ley. Y la violencia en las calles es un ejemplo claro de ello".

Izquiel, quien es abogado penalista y constitucionalista, manifiesta que hay colectivos que tienen la misma denominación, pero se dedican a fines distintos. Dice que, según los estudios que conoce, la mayoría son agrupaciones sociales que realmente se proponen a hacer actividades sociales y culturales, "pero también hay otros que minoritariamente se dedican a un trabajo de control político y que aprovechan el hecho de portar armas largas, inclusive hasta de guerra, para desviarse y cometer fechorías como robos o asesinatos", agrega, al tiempo que señala que tienen territorios, principalmente en la ciudad de Caracas, donde actúan con autonomía pues no entra la autoridad del Estado y "ellos son los amos y señores".

Inti Rodríguez, representante de Provea, manifiesta que el tema paramilitar se concentra fundamentalmente en Carabobo, Caracas y Mérida. El fenómeno del paramilitarismo, sostiene el activista de DDHH, aunque se ha vivido en el pasado, ahora en el marco de las protestas de calle ­que han proliferado desde el pasado 12 de febrero­ ha registrado un importante incremento.

Rodríguez asegura que 30% de las 431 protestas que aproximadamente han sido atacadas, de acuerdo a los registros de Provea, han sido afectadas presuntamente por estos grupos. Señala a la Universidad Central de Venezuela como el centro educativo que ha experimentado la mayor presencia de estas organizaciones. Solo en el Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios, que dirige el padre Raúl Herrera, se han contabilizado desde hace cuatro años 75 ataques por personas armadas. El caso más reciente fue la denuncia del hecho irregular que se vivió en la Facultad de Arquitectura, donde los estudiantes incluso fueron desnudados.

Para Izquiel, estas son realidades que violan la recién pro- mulgada Ley para el Desarme, pues asegura en esta norma se establecen una serie de sanciones que no son aplicadas. "Esto es una señal de que no hay ninguna voluntad política para lograr un desarme verdadero", sostiene.

SUERTE DE EJÉRCITO

Los grupos denominados paramilitares, de acuerdo con Rodríguez, tienen algunas características que los diferencian de grupos de civiles armados. "Son apoyados por el Estado abiertamente, actúan como una suerte de ejército, es decir, con estructura de mando, rango, y usan uniformes", según explica.

Izquiel, explica que el crecimiento de estos grupos violentos es validado al interés político, pues recuerda que muchos de ellos son usados los días de jornadas electorales para amedrentar en los centros de votación y también para disolver manifestaciones pacíficas. "Y en estas actividades gozan de total impunidad. No son investigados ni sancionados", acota. El jurista menciona entre las pocas investigaciones que dice han emprendido las autoridades nacionales, el caso de Valentín Santana, que incluso fue a petición del fallecido presidente Hugo Chávez, "pero el auto de detención que tiene en su contra no se termina de ejecutar".

Rodríguez también considera que no existen investigaciones serias de parte de la Fiscalía sobre las numerosas denuncias que hay desde el 12 de febrero, en las que se señalan ataques a manifestantes, periodistas y activistas de organizaciones no gubernamentales. Cree que llamados constantes desde el Ejecutivo, como aquella expresión del pasado 5 de marzo de "candelita que se prenda, candelita que se apaga", lo que hacen es dar impulsos adicionales al fenómeno del paramilitarismo.

"Prácticamente se institucionalizó con un apoyo más abierto de parte del Estado. De hecho el propio presidente Nicolás Maduro encabezó un acto donde se juramentaron los comandos nacionales antigolpes que se fueron replicando en distintos estados del país y donde se fueron incorporando organizaciones sociales, entre las cuales se incluyen grupos paramilitares", sostiene el activista de derechos humanos, al tiempo que cuenta que el gobernador de Yaracuy, Julio León, invitó públicamente a la comunidad a incorporarse a los grupos antigolpes y les dijo a los habitantes que podían recibir adiestramiento de armas en el polígono de la entidad.

REACCIONES DE LA SOCIEDAD

Muchas de las barricadas que se montaron en los pasados meses en distintas ciudades del país, según explica Inti Rodríguez, de Provea, fueron para protegerse de los paramilitares. "En Zulia y Táchira, por ejemplo, la gente se comenzó a antricherarse. Por supuesto que no apoyamos estas acciones, pero esto te da una idea de cuál ha sido el impacto de estos grupos", agrega.

EJECUTIVO RESPONSABLE

El representante de Provea, Inti Rodríguez, considera que el fenómeno del paramilitarismo es mucho más peligroso y preocupante que la actuación de civiles armados, pues dice que en el primer caso se requiere que el Estado elabore políticas públicas dirigidas a desarmarlos, reducir su acción y proteger a la población de las violaciones de derechos humanos. "Pudiera ser responsable el propio Presidente de la República de las violaciones de derechos humanos que cometan estos grupos mientras sean alentados desde el poder ejecutivo".