Lo que sea por mis hijos

Tal Cual

Madres de estudiantes aseguran que lograrán la liberación de los jóvenes, y piden que cancilleres de Unasur se reúnan con ellas para escuchar su versión sobre los hechos desde el 12-F. También solicitan la intermediación de la Nunciatura Apostólica para darles apoyo espiritual

KEILYN ITRIAGO MARRUFO/ FOTO: JOSÉ MIGUEL MENESES

Al menos 30 personas que han sido víctimas directas e indirectas de presuntos abusos de las fuerzas de seguridad del país en el contexto de manifestaciones de calle conformaron el "Frente de Defensa de Mujeres Venezolanas", organización que tiene como objetivo velar y defender los derechos humanos de los ciudadanos que salen a protestar.

"A pesar de nuestro dolor, aún tenemos fuerza para luchar por una Venezuela libre donde se respeten nuestros derechos y el de nuestros hijos. Por eso nos unimos para seguir esta lucha", señaló Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, quien perdió la vida luego de recibir disparos de perdigones en la cara.

Orozco aseguró que las mujeres agrupadas en el Frente no descansarán hasta alcanzar la liberación de todos los estudiantes que se encuentran detenidos, solo por expresar lo que sienten y protestar de manera pacífica.

Rebeca de Carrasco, madre del estudiante presuntamente violado por un fusil, José Manuel Carrasquero, pidió a los cancilleres de Unasur presentes en el país que las escuchen, que vean los videos, fotografías y demás pruebas que demuestran las agresiones hacia los jóvenes. "A nuestros hijos los llevan a cárceles peligrosas y los delincuentes están en la calle. Les están negando el derecho a la defensa.

A la Fiscal le digo que diga la verdad, y a la defensora del Pueblo le pregunto para qué sirve ese despacho, porque no lo entiendo", sostuvo, al tiempo que denunció irregularidades en el expediente de su hijo. "Resulta que ninguno de los militares de alto rango lo detuvo. Ellos solos se golpearon y se metieron presos".

Marvinia Jiménez, víctima de golpes, presuntamente a mano de una funcionaria de la Guardia del Pueblo, hizo un llamado a las madres venezolanas a dar un paso al frente "para hacer un muro de contención donde todos tengamos protección y no se sumen más víctimas", según señaló. Las madres que han conformado esta coalición pidieron también apoyo espiritual de la Nunciatura Apostólica y para ello solicitarán un encuentro con las autoridades de la Iglesia Católica.

DEFENSA SEXODIVERSA

Ingrid Flores cuenta cómo desde hace 18 días su hijo Rosmit Mantilla, estudiante de la Universidad Santa María y activista de la comunidad diversosexual, fue detenido en su casa. "Venía saliendo con mi padre, cuando a las 5:30 de la mañana llegaron unos funcionarios del Sebin y se los llevaron detenidos.

En el transcurso del día no sabíamos dónde se encontraban y ya en la tarde a través de sus compañeros de trabajo y estudio logramos saber que estaban en el Sebin", manifiesta. Mantilla aún se mantiene en este sitio de reclusión, donde, tal como sostiene Flores, se le han respetado sus derechos. Dice que recibe sus comidas y la visita de familiares. "Sin embargo, se le está violando el derecho a la libertad. No es posible que el hampa esté en la calle y los inocentes estén presos", asevera Flores.

Mantilla, también dirigente juvenil de Voluntad Popular, es acusada e investigada por presuntamente haber cometido seis delitos, que incluyen un supuesto plan de conspiración. "Mi hijo es un defensor de los derechos humanos, lo repito miles de veces, es inocente. Su delito es pensar diferente, creer que en el país que le enseñamos sus padres a respetar", insiste Flores.

PERIODISTA AMENAZADA

El pasado jueves 27 de marzo, la periodista Vicelyz Fadul denunció que halló en su vehículo un panfleto, presuntamente escrito por el movimiento Tupamaros, donde se le identificaba como una opositora y se le amenaza por publicar informaciones en redes sociales.

Fadul cuenta que ella trabajó para el Gobierno, al frente de la jefatura de prensa del Ministerio para Transporte Acuático y Aéreo, pero fue despedida de este cargo supuestamente por publicar una información referente a la compra de unos buques de Conferry que habría hecho Bolivariana de Puertos. "El actual ministro (García Plaza) decidió cerrarme las puertas en las instituciones públicas del Estado. De hecho, pasó un oficio donde decía que yo no podía nunca más volver a entrar a un ente.

Tanto así, que si yo quiero comprar un pasaje en Conviasa o Aeropostal, el sistema genera una información que dice que lo prohíbe", asevera Fadul. La comunicadora social asegura que desde abril de 2013 el conductor del programa "La Hojilla", Mario Silva, y la gente de La Tropa, hackearon sus cuentas de Facebook y Twitter y publicaron montajes de fotos y mensajes en donde le llamaban "enchufada". Fadul sostiene que no es activista de ningún partido político y que su anterior jefa en el Ministerio sabía que su posición era como periodista.

"Mi hermano sí es un dirigente político estudiantil y ha sido catalogado como un guarimbero del estado Barinas y por eso la persecución a mi familia".

De acuerdo con Fadul, su caso lo maneja la Fiscalía Segunda del estado Carabobo, pero dice que cada vez que va a la institución judicial le manifiestan que no puede tener acceso al expediente y que como en su edificio no hay cámaras no tienen manera de investigar. "Hace dos meses lo denuncié y resulta que la semana pasada ya me hicieron una llamada telefónica amenazándome a mí y a mi madre", agrega Fadul, al tiempo que asegura le fueron negadas las medidas de protección que solicitó en vista de las amenazas.

TRIBUNAL SIN DESPACHO

El sábado 26 de abril, Luis Pérez Rojas, fue detenido en la calle San Ignacio de Chacao, luego de haber participado en una marcha estudiantil que partió de Bello Monte y llegó al Colegio Gustavo Herrera.

Así lo cuenta su madre, Susana Rojas, quien asegura que el joven fue "ruleteado" por las autoridades que lo aprehendieron. "Estábamos preocupados, no sabíamos de su estado de salud ni condición física. Pasó la noche en una celda común esposado y no logré que lo sacaran de allí sino el domingo en la tarde", señala.

Tal como explica, la audiencia de presentación de Pérez Rojas fue el 29 de ese mismo mes y le fue imputado el delito de instigación pública con un régimen de presentación de cada 8 días y con la imposición de presentar dos fiadores. "Llevé la documentación el 30 y hasta la fecha el Tribunal de Control 45 no ha tenido despacho ni secretaría. Eso evidentemente hace todo un retardo procesal y es complemente violatorio de los derechos fundamentales de nuestros hijos, porque en ese mismo tribunal se llevan los casos de otros estudiantes", acota.

Rojas denuncia que la represión contra los estudiantes, una vez detenidos, es salvaje. "A mi hijo en la avenida Libertador lo bajaron y le dieron una patada en la boca y en la cara. Ha estado en una celda de 4 metros por cuatro junto a 16 personas más, y las dos oportunidades que he podido verlo está esposado", asegura. A criterio de Rojas, los juicios a los que son sometidos los jóvenes detenidos son políticos, porque son consecuencia de sus reclamos por toda la pérdida social que sufre el país. Actualmente Pérez Rojas está en la sede de coordinación de la Policía Nacional Bolivariana de la Yaguara.