Lunes, 26 mayo a las 14:02:49
El pasado miércoles, docentes activos, jubilados y pensionados se aproximaron a la sede del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), alzando su voz en acción de protesta para solicitarle a los directivos del mismo, la construcción de una nueva sede, debido a que la actual se encuentra cerrada desde hace meses por falta de espacio para atender consultas médicas especializadas y demás servicios que presta esta órgano.
Aguilar a pesar de que indicó que no lograron reunirse con el presidente de la Junta Administradora del Ipasme, Mario Quiñones, debido a que argumentó que "el siempre se aparece un día antes, o después de que vamos para allá", resaltó que Quiñones pudo percatarse de la grave situación de la infraestructura del instituto cuando realizó con a la Junta Administradora, una inspección en la unidad de Maracay y él en el Centro Odontológico Ipasme que funcionará en el sector San Jacinto en esta ciudad del estado Aragua.
"Actualmente los altos costos de las medicinas, y las clínicas castigan a los enfermos y familiares. Es una situación difícil", subrayó Aguilar.
Destacó que en el estado hay más de 20 mil educadores regionales dependientes de la Gobernación, que necesitan asistencia médica, incluyendo a los empleados y obreros del instituto. Además, señaló que en Aragua, hay más de 10 mil educadores jubilados y pensionados. Agregó que hay más de 8 mil profesionales de la educación dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y más de 2 mil que dependen directamente de la Gobernación.
"El incumplimiento en la entrega de medicamentos gratuitos , al igual que la falta del HCM, y el cierre total o infuncionalidad del Ipasme mantiene el área de salud en terapia intensiva, siendo los jubilados los que más padecemos", detalló Aguilar, quien exigió atención médica "tenemos derecho a la salud y a la vida, por parte del Estado".
Prestaciones sociales
El presidente de la asociación manifestó que los profesionales de la educación continúan sin recibir el pago de sus prestaciones sociales, las cuales se les deben desde el año 2007, a más de 40 mil educadores.
"El martes 13 de mayo nos reunimos máximas autoridades del Ministerio. Es insólito que en un país en donde abunda la capital y la renta petrolera, el sector de educación debamos ir a Caracas a solicitar el pago de nuestras prestaciones", denunció.
"En el mandato de Chávez sentimos una reivindicación, cuando se estableció que las prestaciones debían ser canceladas los primeros 5 días después del acto de jubilación, y creímos que se aplicaría", acotó.
En este sentido, el dirigente opinó que la problemática ocurría porque "no hay política de Estado, ni gubernamental. Si se apegaran a la Constitución y a la Ley Orgánica del Trabajo esto no ocurriría. Vergüenza debería darles a los gobernantes no pagarle a una persona que trabaja durante 40 años sus prestaciones. Los educadores aún esperamos que el Estado asuma la responsabilidad de cancelar las prestaciones. No podemos seguir a la espera de un gobierno irresponsable", declaró.
Expuso que "la Asamblea Nacional debería aprobar la creación de un fondo para las prestaciones de todos los profesionales de la educación. Deberían hacer una sumatoria para sacar el promedio de cuanto es el capital que se necesita para pagarle a los jubilados".
Aguilera criticó que a los jubilados y pensionados no se les tome en cuenta, para mejorar la educación en el país, alegando que debido a los años de experiencia, poseen la sabiduría necesaria para optimizarla.
"Si los educadores tuviéramos la salud garantizada, la vivienda, recreación y movilidad necesaria, el tema del salario sería el último elemento que se discutiría pues, este vendría a reforzar los demás", concluyó.
ZZ/ El Periodiquito
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