¿DDHH gubernamental?

Tal Cual

Provea no comulga con Consejo de DDHH. La ONG asegura que su normativa es contraria a lo que se persigue con su creación. Marino Alvarado dice que los funcionarios del Ejecutivo no deberían formar parte integrante. En el texto se encuentran expresiones como "derecha fascista venezolana"

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

Provea ha decidido no participar en la conformación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que incluye la intervención de organizaciones civiles de defensa de los Derechos Humanos, pues según sostiene el coordinador de la ONG, Marino Alvarado, la instancia tal como está concebida filosófica y orgánicamente no es compatible con éstos.

"No podemos avalar un órgano que tiene en su propia creación un lenguaje totalmente contrario a un espíritu de promover tolerancia, que es uno de los principios en cualquier trabajo que haga cualquier comisión de DDHH en el mundo", insiste Alvarado.

De acuerdo con lo ya oficializado en Gaceta Oficial, el Consejo se trata de una instancia de coordinación, apoyo e impulso de las políticas públicas estatales dirigidas a garantizar el libre ejercicio de los DDHH de los venezolanos, así como su protección y resguardo en la búsqueda de la paz y la justicia social.

Será presidido por el Vicepresidente Ejecutivo de la República y estará integrado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, ministro para los Servicios Penitenciarios, ministro para la Defensa, el Defensor Público, el Alto Comisionado Presidencial para la Paz y la Vida, la Defensora del Pueblo, la Fiscal General de la República, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, dos representantes de la Asamblea Nacional designados por su Junta Directiva, el ministro para las Relaciones de Exteriores y tres representantes de las organizaciones civiles de defensa de los Derechos Humanos, escogidas en el mismo Consejo, previa postulación por las organizaciones de base, revisión de sus credenciales y trayectoria nacional.

SIN EL EJECUTIVO

Esta composición, a criterio de Alvarado, es esencialmente del Ejecutivo nacional, lo cual a su juicio hace al Consejo inviable para investigar violaciones de Derechos Humanos cometidas por funciona- rios del Estado.

"Y buena parte de estos abusos justamente se dan por ellos, porque son quienes más intervienen en la vida del país. La experiencia ha demostrado que puede haber comisiones de Derechos Humanos adscritas y creadas por el Ejecutivo, como sucede en Colombia y Chile, pero estas funcionan con un nivel de independencia", sostiene, al tiempo que recuerda que en la comisión de Chile, por ejemplo, se establece que no deben participar funcionarios del Estado, salvo los parlamentarios.

Alvarado rechaza que cuando se leen las motivaciones del decreto se encuentre la premisa de que la instancia tiene como propósito la construcción del socialismo. "En una sociedad como la venezolana esto es incompatible en materia de Derechos Humanos porque a una comisión que va a investigar Derechos Humanos no se le puede dar una orientación ideológica", asevera.

Asimismo, asegura que en las mismas consideraciones se habla de la "derecha fascista", "golpista", "guarimbera", con lo cual según sostiene la Comisión ya está teniendo una visión del conflicto y una verdad parcializada.

En el texto publicado puede leerse, haciendo referencia a la conferencia de paz anunciada por el Presidente de la República, que la misma se hace como "manera de neutralizar a los grupos violentos promovidos por la derecha fascista venezolana".

DISPUESTOS AL CAMBIO

"Además, se hace una burda manipulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque se usan sus contenidos para justificar un discurso totalmente parcializado con calificativos hacia un sector de la sociedad", agrega el representante de Provea, a quien también le preocupa que se establezca en el Consejo la competencia de ordenar investigaciones, pues se pregunta si es que se va a mandar a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público, pese a su condición de poderes independientes.

"Se está dando un mandato que en principio sería inconstitucional porque no puede ordenarle a otros poderes públicos, pues en todo caso es sugerir y plantear frente a denuncias", afirma.

La directiva de Provea ha decidido que si el Ejecutivo muestra disposición de ser receptivo en cuanto a sus observaciones, y accede a modificar el decreto para hacer una comisión con autonomía, incluso con libertad financiera, y donde no haya representación del Ejecutivo, pudieran evaluar participar.

"Tal y como está redactado hoy no podemos participar porque es contrario a la filosofía de Derechos Humanos", agrega Alvarado.