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miércoles, 19 de marzo de 2014

Alcaldes exigieron al TSJ dejar sin efecto fallos en su contra

Blyde y Scarano acusan a la Sala Constitucional de usurpar funciones

Blyde pidió al TSJ anular sus fallos sobre las guarimbas ARCHIVO

JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
miércoles 19 de marzo de 2014 12:00 AM

Por considerar que está asumiendo potestades que le corresponden a juzgados de primera instancia en materia civil y penal, los alcaldes de Baruta (Miranda) y San Diego (Carabobo), Gerardo Blyde y Enzo Scarano, respectivamente; demandaron del Tribunal Supremo (TSJ) dejar sin efecto los fallos en los que les ordenaban levantar las barricadas, so pena de ser arrestados.

"En primer lugar alegamos la incompetencia de la Sala Constitucional porque si es un asunto local ha debido ser conocido por los tribunales de instancia en lo civil. Así ha sido la jurisprudencia pacífica y reiterada, por años, de la propia Sala Constitucional", afirmó Blyde, quien aseguró que desde su despacho se hizo todo lo posible para evitar que las guarimbas interrumpieran el tráfico.

"En Baruta no ha habido muertos ni lesionados porque la actuación de medición de todos los funcionarios de nuestra administración municipal ha sido realmente exitosa", agregó el mandatario local, quien le recordó a los magistrados que ya no hay barricadas en el municipio por lo que considera que su decisión es inútil.

"Ese mismo actor (Juan Garatón) ha declarado a los medios de comunicación que ya los motivos no están patentes y que ya puede circular por el municipio", esgrimió.

En similares términos se pronunció el alcalde Scarano, quien tras aseverar que "en San Diego no hay ningún tipo de barricadas, no hay ningún tipo de desorden público, ningún muerto ni heridos" informó que hoy deberá comparecer nuevamente ante la Sala, pues ha sido citado para una audiencia en la que se determinará si acató o no sus instrucciones.

El representante del funcionario, León Jurado, se mostró sorprendido ante la convocatoria. ¿La razón? No han transcurrido los tres días para que los afectados presenten su oposición y ya los magistrados fijaron un acto para decidir si se han cumplido o no sus órdenes.

"La Sala Constitucional se va a constituir en tribunal penal para juzgar al Alcalde y dictar una privativa de libertad si considera que ha habido desacato", dijo, al tiempo que recordó que no hay precedente de una actuación similar, la cual dijo que viola el principio del juez natural.

"Si la sentencia queda firme hay que notificar al Ministerio Público de la presunta violación al mandato cautelar y el Ministerio Público llevará a cabo una investigación, procederá a la acusación del Alcalde ante un tribunal correspondiente", precisó.

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