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| Manifestantes disfrazados de Fantasmas salieron a la calle a protestar |
Es preciso destacar que dicha sentencia fue emitida en el año 2006 y ratificada en 2007, en la cual se ordena la restitución del valor económico de las viviendas para que cada familia pueda adquirir infraestructuras similares en cualquier lugar del territorio venezolano.
En este sentido, Isolina Cabrera manifestó que los habitantes del sur de Maracay no están interesados en ser adjudicados a través de los proyectos urbanísticos que adelanta el Gobierno Nacional porque -a su juicio- los quieren arreglar con pequeños apartamentos de 70 metros cuadrados.
"No podemos cambiar unas casas que miden más de 270 metros cuadrados por unas cajitas de fósforos donde no entraría ni un juego de cuarto", acotó.
Por lo tanto, Cabrera solicitó a las autoridades regionales y nacionales que se le dé cumplimiento a dicha sentencia, ya que llevan siete años en estado de emergencia.
Recordó que estas familias perdieron sus hogares cuando el expresidente Hugo Chávez ordenó al Ministerio del Ambiente la ejecución de unas importantes obras para el control del nivel y saneamiento del Lago Los Tacarigua.
No obstante, dichos trabajos no se cumplieron y resultaron afectadas ocho comunidades del sur de Maracay, por lo que ahora exigen que les den respuestas satisfactorias para solucionar este problema.
Por su parte, Verónica Trenand indicó que estas familias se organizaron en un colectivo denominado "Propietarios de la urbanización La Punta" porque quieren que se haga justicia social.
"Estamos cumpliendo con los parámetros legales exigidos por el Gobierno, por lo que exigimos ser escuchados", afirmó.
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