NORELIS OSUNA | elsiglo
foto | FÉLIX BARRETO
El presidente de Fetraragua y dirigente regional de Primero Justicia en Aragua, Roberto Campero, calificó como un exabrupto jurídico la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar procedente el antejuicio de mérito contra el diputado de la Asamblea Nacional, Richard Mardo, puesto que a su juicio no pudieron recabar pruebas suficientes para enjuiciarlo. Destacó que se trata de un juicio político más que jurídico, porque la intención es sacar del panorama electoral a Richard Mardo, pero no van a poder hacerlo, porque de acuerdo al artículo 186 numeral 20 de la Constitución Bolivariana, para poderle allanar la inmunidad parlamentaria al abanderado de Primero Justicia, el gobierno tiene que contar con las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional y no los tiene.
Indicó que esta decisión deja bien en claro que no hay autonomía y que los magistrados no son imparciales, es decir, que la administración de justicia en el país es un apéndice del gobierno.
Aseveró que este es un juicio amañado por la falta de pruebas el cual busca tapar la corrupción del gobierno en la Ferrominera, en el Fondo Chino, Central Azucarero en Barinas, en Corasa, Siat, Teatro de la Ópera de Maracay, Viaducto Simón Bolívar, Hospital de Las Tejerías.
“Son más de 120 obras sin licitar con sobreprecio que están paralizadas por la gobernación y la alcaldía del municipio Girardot, a pesar de que los recursos fueron aprobados”.
Señaló, a pesar de esa persecución Richard Mardo no va a frenar el trabajo social y el proyecto de cambio alternativo que lidera en Maracay el máximo dirigente de PJ en Aragua.
“Lo podrán poner preso, pero jamás podrán encerrar sus ideales y principios al servicio de los más necesitados. Por eso creemos que Richard Mardo va a seguir dando la cara y enfrentando la justicia y al gobierno con trabajo social”.
Manifestó que Mardo saldrá airoso de la presión a la que está siendo sometido por el presidente de la AN, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional, Pedro Carreño, la Fiscal General de la República y los magistrados.
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