fotos | JIMMY MANTILLA
Algunos menos involucrados en la política que otros, mostraron posiciones encontradas al respecto, ya que por una parte consideran que de haber actuado fuera del marco de la ley, el legislador debe asumir sus responsabilidades, pero paralelamente consideran que cualquier persona que ocupe un cargo público que tenga la presunción de estar involucrados en ilícitos debe ser investigado sin que intervengan los intereses políticos.
Como se recuerda el diputado de la tolda aurinegra fue acusado por estar presuntamente involucrado en los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales previstos y sancionados en los artículos 116 y 4, del Código Orgánico Tributario y de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, respectivamente.
Ayer, según la nota de prensa del TSJ, bajo la ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta de la institución, se declaró que “no hay lugar a las solicitudes de nulidad interpuestas por los abogados defensores privados del diputado y la existencia de mérito para el enjuiciamiento por la supuesta comisión de los delitos antes mencionados”.
Este rumbo que podría conllevar al allanamiento de la inmunidad parlamentaria y posible inhabilitación política generó opiniones entre los habitantes de esta entidad. Algunos a favor y otros en contra.
El ciudadano Oswaldo Aveledo, señaló que efectivamente la norma en este caso el CNE, establece que se debe declarar los recursos usados y en que durantes las campañas, “debe cumplirse pero si no se hizo estoy de acuerdo que se investigue, pero tampoco creo que sea lo más indicado que lo metan preso”, dijo.
De igual forma, José Castro, consideró que “si tiene fallas donde presuntamente esté involucrado deben llevarse las averiguaciones a fondo. Por eso creo que está bien que se lleve al antejuicio, siempre y cuando haya sustento valederos para esas denuncias”.
Alexander Castillo, por su parte recalcó que “las leyes son las leyes y todos debemos cumplirlas y se debe se hacer lo pertinente si se cree que se han infringido, pero también hay que recordar que las leyes son para todo el mundo y no se pueden evadir quedando impune”. Así coincidió Alcides Carmona, quien dijo “hay que aclarar la situación y para ello hay que investigar, para que dictamine sus responsabilidades, si tuvo fallas tiene que pagar y sino que quede al día y lo dejen en paz”.
Otras personas que manifestaron no estar muy al día con el tema político, dejaron en claro que en cuanto a la aplicación de las leyes y la administración de la justicia, debe haber imparcialidad.
Yorelys Chirínos, recalcó que “nadie sabe hasta la fecha si hay o no responsabilidades, pero lo que bien es cierto es que hay muchos políticos que deberían investigarse. Porque si se investiga a uno, debe hacerse con todos los señalados como corruptos”.
“Lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava”, expresó Marilin Brito, al igual que muchas personas. Consideró que “Richard Mardo debe irse a pagar su culpa si fuese así”.
Pero también opinó que se deben averiguar otros casos que se han convertido en secretos a voces de otros posibles corruptos que han quedado engavetados. Son muchos los habitantes de la entidad, incluso opositores y oficialistas, que piden que se averigüen casos como el del gobernador saliente, o porque no, de los dos últimos gobernantes, que es bien sabido por todos que quedaron con “su rabo de paja” popularmente hablando.
En ese sentido, consideran que es pertinente la lucha contra la corrupción, pero consideran que el peso de la ley les debe caer a todos por igual, ya que el pueblo lo que pide es una buena y digna representación de los funcionarios electos, para así avanzar en la mejora de su región.
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