Guiso con plata en Lara

Tal Cual

Parlamentario entregó pruebas de presunto peculado de uso. Diputado Guillermo Palacios solicitó al MP dictar medida cautelar contra los supuestos responsables. Señalan al hermano de la alcaldesa de Iribarren, Amalia Sáez, como involucrado en el uso ilícito de equipos

JESENIA FREITEZ GUEDEZ / FOTO: CORTESÍA DIPUTADO GUILLERMO PALACIOS

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara Guillermo Palacios solicitó ante la Fiscalía Superior de la entidad la apertura de una investigación a la empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas CA (Enmohca) por, presuntamente, trasladar equipos del Estado para la perforación de pozos a una granja ubicada en el municipio Torres, la cual pertenece al hermano de la alcaldesa de Iribarren, Amalia Sáez (PSUV).

Palacios aseguró que se podría tratar de un acto de corrupción “de los más criminales que hayamos visto”, porque varias comunidades de la entidad “realizan manifestaciones y trancas de vías pidiendo agua, incluso algunos son instigados por el PSUV”.

El también secretario general de Un Nuevo Tiempo para la región centroccidental señaló que el Gobierno, a través de Enmohca, “manda equipos de perforación de pozos de agua para que doten a una granja particular del vital líquido, violentando los derechos humanos de los ciudadanos, pero además permitiendo que se enriquezcan personas allegadas al Ejecutivo regional en detrimento y violación de los intereses colectivos”. Catalogó de “reprochable e indignante” como el Gobierno se burla de las comunidades al impedir que a las mismas se les dote de las condiciones mínimas para su desarrollo pleno.

CON LAS MANOS EN LA MASA

El diputado informó que sorprendieron “in fraganti” a quienes han trasladado equipos costosos de perforación de pozos, con todos sus accesorios e incluso vehículo para descanso y dormitorio de las personas que estuvieron trabajando en esas labores. Calificó el hecho como peculado y tráfico de influencia.

Agregó que alrededor de este hecho hay una cadena de utilización indebida del poder del Estado para atropellar a personas, a través de manipulaciones de actos administrativos y sentencias judiciales propios de una mafia.

Palacios detalló que el costo de una obra es de aproximadamente cinco millones de bolívares, incluido el equipamiento y la electrificación, razón por la que están pidiendo a la Fiscalía que igualmente abra una averiguación por enriquecimiento ilícito, ya que según el parlamentario “en esa granja hay cuantiosas inversiones que no se corresponden con el estándar de vida de quienes aparecen fingiendo como propietarios o representantes de los negocios que se mantienen con organismos del gobierno como Pdval”.

Palacios informó que entregaron al MP presuntas pruebas y solicitaron prohibición de salida del país para Jorge González, presidente de Enmohca; Ali Sáez, quien aparece como propietario de la finca, y Jesús Sanquiz Sáez, jefe de Control de Gestión de Enmohca, siendo estos dos últimos hermano e hijo de la alcaldesa Amalia Sáez, y que se proceda en forma inmediata a solicitar la Declaración Jurada de Patrimonio.