Fiscalia deudora

Tal Cual

Casos del Caracazo y del golpe del 4F no tienen la misma atención del Gobierno. Entre el 89 y el 92 hay 14 desapariciones forzadas aproximadamente y aún impunes, según Cofavic. Ministerio Público asume que en sólo 6% de los acontecimientos ocurridos hay funcionarios detenidos

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

La mirada atrás que obligó a hacer el caso del hallazgo de los restos del líder estudiantil Noel Rodríguez, puso en evidencia la enorme deuda que tiene la Fiscalía General de la República con las víctimas de miles de acciones grotescas cometidas por cuerpos policiales y militares. En el limbo están los casos del Caracazo, del Retén de Catia y del fallido golpe de Estado del 4-F; además de las 132 desapariciones forzadas que desde 1999 hasta 2011 han sucedido en el país.

“El Estado está identificando a cuerpos de los años 60 y 70 pero los del 89 y los del 92, que suman 14, no le interesa identificarlos. Me parece muy bien que estén haciendo su trabajo en cuanto a este joven estudiante, pero ¿y los demás?”, se pregunta Aura Liscano, presidenta de Cofavic, quien señala que las más de 150 historias de desapariciones que maneja la organización que preside y que aún no han tenido respuesta del Estado merecen el mismo trato de justicia.

Ella es hermana de José Miguel Liscano, desaparecido en los devastadores sucesos del 27 de febrero de 1989. Lo último que se supo del joven fue que un día después estuvo jugando bastekball en una cancha de la Cota 905, que estaba rodeada exclusivamente por militares. Nadie vio quién se lo llevó ni cómo. Liscano lo buscó entre heridos, fallecidos y cuerpos policiales, pero nunca lo encontró. “A mi gustaría seguir confiando en que tienen la voluntad de trabajar, pero tengo 24 años esperando”, apunta.

TOTAL IMPUNIDAD

Desde el año 2002, Cofavic ha acompañado en la búsqueda de justicia a más 100 familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos parapoliciales en los estados Anzoátegui, Aragua, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Portuguesa y Yaracuy. El Ministerio Público ha admitido la existencia de 6.405 casos ocurridos entre enero de 2000 y noviembre de 2007, investigados por la Fiscalía como ajusticiamientos. Según las cifras de esta institución, solo en el 5,98 % de los casos existen funcionarios detenidos. El caso de la familia Barrios, donde ya han sido asesinadas siete personas presuntamente a manos de policías del estado Aragua, también ha pasado totalmente inadvertido.

Liscano asegura que no todas las personas víctimas pueden o quieren denunciar un caso de este tipo porque temen por sus vidas. “Ellos dicen: el Estado es más fuerte que nosotros”. Quienes sí han denunciado en Cofavic asisten a la sede cada 8 o 15 días a ver en qué estatus se encuentra su caso. “Ellos mismos se mueven porque los fiscales bien gracias. No se ve el trabajo que están haciendo. Los denunciantes se quejan de que no les muestren la investigación por lo que nos les consta que sea cierto que exista”.

Alejandra Blanco, esposa de Óscar Blanco, uno de los cuatro desaparecidos durante el deslave de Vargas en el 99, ya en “tiempos de revolución”, aún repudia que el policía encontrado culpable del ajusticiamiento sólo haya pasado unos cuantos meses en la cárcel, pues ella misma lo vio en la calle hace dos años. Entre el susto y la indignación pide que se haga justicia pues “los que murieron no son unos perros sino personas que dejaron hijos”.

UNA ESPERA QUE DESESPERA

María Josefina Ferrer, vocera del Programa de Extensión en Justicia y Derechos Humanos de la UCV, manifiesta que el impacto de una situación de este tipo es la más devastadora que se puede imaginar porque es una situación que queda abierta permanentemente. “Es una espera que desespera porque no hay posibilidad de cerrar el suceso pues no depende de uno sino de otros que manipulan y manejan las interpretaciones que les convienen a ellos”. Además, sostiene, perennemente está la negación, porque siempre hay la esperanza de que pueda estar vivo porque no aparece el cuerpo.