Organismos internacionales dan tiempo al tiempo. Intereses económicos ocasionarían apoyos de presidentes latinoamericanos a gobierno "continuado". Delsa Solórzano explica que para pertenecer al Mercosur se debe mantener la legalidad de las instituciones
ANA MARÍA LÓPEZ
Emilio Figueredo, exembajador ante la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) por Venezuela, cree que hay una clara y evidente complicidad internacional para jugar al "factor tiempo" con el fin de esperar la evolución del Presidente. Pero "una vez transcurridos los 90 días y no se muestre alguna prueba de existencia sana, será difícil mantener la ficción" que hasta ahora se vive en el país.
Descarta que por ahora representantes del Mercosur, la ONU, y la Unasur sean enviados para verificar que Hugo Chávez se encuentre estable y las instituciones no hayan sido violentadas.
Un ejemplo de la actitud de las figuras claves en el exterior es la declaración de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien dijo que se trata de un escenario político que los venezolanos deben resolver.
"Desgraciadamente existe un interés en no agitar el fuego, porque Venezuela genera a otros países la capacidad de compra petrolera y una evidencia de eso es la reunión de Petrocaribe", utilizada estratégicamente para que los mandatarios de otras naciones acudieran a la "juramentación" de ayer frente a Miraflores. Para Figueredo, lo terrible para el país es la incertidumbre que se está viviendo. "Pero no podemos contar para nada con la sociedad internacional".
MERCOSUR PENDIENTE
El parlamentario del Mercosur, senador Gustavo Penadés de Uruguay, anunció que observan con "mucha preocupación" el respeto al orden constitucional en Venezuela. Señaló que han escuchado "con mucho cuidado" las declaraciones del líderes del PSUV sobre acciones a tomar para preservar "el proyecto bolivariano".
"Venezuela se encuentra ante una gran encrucijada entre las normas constitucionales y la tentación de algunos sectores vinculados con el partido de gobierno de echar por tierra el orden constitucional", alertó.
Además, aclaró que la situación venezolana no puede ser comparada con lo ocurrido en Paraguay, cuando el parlamento destituyó al entonces presidente, Fernando Lugo. Destacó que en ese momento, el presidente Mujica junto a los mandatarios que conforman Mercosur tomaron una posición diferente a la venezolana, pues no tenían lazos de amistad con el sustituto de Lugo, Federico Franco. "Como el presidente Chávez sí es amigo, la visión es otra. Así no se respeta el derecho constitucional", denunció.
GOLPE AL PUESTO
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano por la MUD, explicó que aunque hasta ahora no se han ejercido presiones por parte de las organizaciones internacionales, en el Mercosur están conscientes de que la legalidad de las instituciones es un requisito esencial. Para el desarrollo de los procesos de integración, Venezuela no podría seguir en el Mercosur sino están vigentes las instituciones democráticas, sentenció Solórzano.
Una demostración de la gravedad del caso la dio Rúbens Barbosa, presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), quien sostiene que Venezuela "es ahora miembro del Mercosur" y la cláusula democrática (del bloque) podría ser invocada y tendrá que ser apreciada". Por lo tanto "será muy difícil para los países del Mercosur o de la Unasur" apoyar una posición que desafíe la legalidad.
Después de escuchar la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, la diputada aclara que "no nos queda otra que acatar la decisión, pero vamos a demostrar la ilegalidad ante el Mercosur, Unasur y en la OEA".


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