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viernes, 4 de enero de 2013

Denuncian desidia del TSJ para revertir provisionalidad judicial

Para Provea interesa tener jueces sin estabilidad porque son "presionables"

Morales juramentó en diciembre pasado a los primeros 15 jueces penales municipales y todos ellos son provisorios ARCHIVO

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JUZGADOS A MEDIAS

JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 4 de enero de 2013 12:00 AM

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerró el 2012 inaugurando 15 tribunales, todos ellos penales municipales. Sin embargo, los titulares de cada uno de esos despachos serán provisorios, lo que implica que no gozarán de estabilidad en su cargo y podrán ser removidos en cualquier momento por el máximo juzgado, sin que medie ningún procedimiento.

La designación de los funcionarios incrementa el ya elevado porcentaje de jueces provisorios que hay en el país, el cual según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha aumentado sin parar en los últimos cinco años, precisamente el tiempo que tiene la magistrada Luisa Estella Morales al frente del organismo rector del Poder Judicial, hasta llegar al 77%

La organización, en un informe especial que publicó en diciembre pasado, reveló que de los 1.914 jueces que había en Venezuela en 2010, sólo 435 se habían hecho con sus puestos mediante concursos de oposición, tal y como manda la Constitución; y los restantes 1.479 habían sido designados por los seis magistrados de la Comisión Judicial del TSJ.

Provea, en su reporte, denunció que esta situación supone un retroceso de los avances conseguidos durante la anterior gestión encabezada por el ya magistrado jubilado Omar Mora Díaz y gracias a la cual por primera vez, desde la aprobación de la Carta Magna de 1999, la mayoría de los jueces venezolanos tenían la condición de titulares, pues se habían hecho con sus despachos mediante pruebas de conocimiento y no a través de una simple revisión de sus currículos.

En 2006, 1.185 de los 1.822 árbitros ya gozaban de estabilidad en su cargo frente a 637 que se podían considerar de libre nombramiento y remoción, recordó que la organización en su informe.

Precisamente 2006 fue el último año en el que el TSJ celebró algún concurso de oposición y aunque en 2009 el director de la Escuela Nacional de la Magistratura y miembro de la Sala Constitucional, Arcadio Delgado, anunció que al año siguiente los reactivarían esa promesa jamás se cumplió.

Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, este retroceso se debe a que "hay una gran desidia por parte de las autoridades judiciales, a las cuales no les interesa acabar con la provisionalidad de los jueces, al contrario les interesa mantenerla, porque ella limita la autonomía de los funcionarios y los hace presionables".

"Un juez sin estabilidad se piensa mucho a la hora de tomar una decisión que pueda afectar al poder político", afirmó el activista, quien agregó: "Un juez provisorio tiende a poner su estabilidad laboral por encima de la justicia".

Cuestionados en el exterior

El hecho de que la mayoría de los jueces no sean titulares fue una de las principales criticas que recibió el Estado venezolano durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos celebrado a finales de 2011; y también ha sido objeto de varios fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, la magistrada Morales sólo ha hecho caso omiso a esas objeciones sino que incluso las ha desestimado.

"La designación de provisorio, accidental o titular no cambia absolutamente la autonomía del juez. La autonomía del juez radica en otros elementos, como la no intromisión de ninguna fuerza sobre sus decisiones y los provisorios deciden con tanta autonomía como los titulares", afirmó en junio de 2010.

No obstante, la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Fiscales y Abogados, la jurista brasileña Gabriela Knaul, echó por tierra los argumentos de la Presidenta del TSJ durante una visita académica que realizó al país a mediados del año pasado y en la cual señaló: "La escogencia de jueces por mecanismos que no sigan criterios objetivos implica un riesgo para la independencia judicial, pues dichos nombramientos pueden realizarse según conveniencia política".

jalonso@eluniversal.com

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