Luis Pedro España - El Nacional
29 de noviembre 2012 - 00:02
La verdad es que uno no sabe qué pensar con el asunto de las comunas. Entre las leyes formuladas hace año y medio, iniciativas ministeriales como la resolución 058, más las declaraciones de funcionarios y políticos que, puede que por ausencia del jefe, es más lo que confunden que lo que aclaran, el Gobierno, la oposición y los observadores estamos inmersos en una discusión que no parece tener camino ni sentido.
Desde el aparataje de sus cinco leyes (que no menciono para ahorrarme espacio), estas aspiran a un Estado que funcione de la cintura para abajo como lo hubiese deseado cualquiera de los utópicos socialistas de principios del siglo XIX, y de la cintura para arriba haciendo confluir todas las decisiones en una gran estructura hipercentralista que haría palidecer a cualquiera de los gobiernos totalitarios y personalistas que hemos tenido en el continente.
No estoy muy seguro de que la pretensión comunal sea la instauración del comunismo en Venezuela. Aunque de lo que sí estoy es de que levantar esos fantasmas no contribuye para nada en la tarea de orientar la lucha democrática contra la inviabilidad gubernamental, sino todo lo contrario. Tales simplezas sólo le permiten al Gobierno ridiculizar a la oposición, polarizar la discusión a su favor y mostrar lo fallido de las interpretaciones de sus contrarios, en contraposición a la supuesta nobleza de sus deseos.
Cualquiera sea la interpretación o proyección hacia delante que hagamos de lo que pudiera ser la aplicación del galimatías comunal, no hay la menor duda de que todas las baterías están dirigidas contra el proceso de descentralización. Intento éste que será mucho más retorcido e ineficiente que la simple desaparición de las gobernaciones y alcaldías.
Sea porque no se tiene ninguna claridad sobre cuál sería la arquitectura desde lo local hasta lo nacional, y muchísimo menos cómo llevarlo adelante, o porque desmantelar nuestro peculiar federalismo republicano será una tarea que no estará exenta de resistencias e imposibilidades; lo cierto es que vamos en camino (incluso más allá de lo que pase en las elecciones regionales) a un incremento, aunque parezca imposible, del gigantismo estatal y su descomunal ineficiencia.
La aplicación de la estructura comunal se hará superponiéndola a la tradicional estructura federalista del país y, además, solapándose al reforzamiento que este Gobierno ha hecho de las instancias y dependencias de la administración desconcentrada. Siguiendo la tradición gubernamental de minimizar el costo político de cualquier decisión, la implementación de la estructura comunal implicará crear, o transformar, cargos de nuevos funcionarios, con carpetica bajo el brazo, que no harán más que seguir recogiendo por el país demandas y solicitudes que serán desatendidas por un Estado cada vez más acogotado de tareas imposibles de cumplir.
En las regiones donde el Gobierno gane el próximo 16-D, el discursito comunal y sus gestos de implementación serán mucho más referenciados hacia lo que son los imprecisos deseos de la Presidencia. Mientras que en las gobernaciones que gane o mantenga la oposición la estructura comunal será el nuevo nombre, y puede que el nuevo empoderamiento, de una comunidad organizada para demandar sus justas reivindicaciones, cuando no (y ojalá) creativas formas para que ellas mismas encuentren vías de resolución local y autónoma a sus problemas.
Aun cuando nadie me ha pedido consejo, creo que lo que tendría que hacer la oposición con este asunto de los consejos comunales es plantearse en serio el tema de la participación popular y tratar de diseñar junto con las organizaciones de base y líderes comunitarios, que efectivamente llevan años dándose cabezazos para incrementar el poder del pueblo, la forma más conveniente para que las organizaciones sociales, de base y locales, tengan más incidencia en las decisiones del Estado.
Lo que deberíamos hacer es debatir con el pueblo organizado cómo reformar nuestro actual federalismo, y dejar que la aplastante realidad se ocupe del socialismo utópico y autoritario que pretende el Gobierno.
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