Para los amigos: Todo, para los demás: La ley

El Aragueño
22-09-2012
Plinio R. Carvajal H.

En 1992 un oficial del Ejército realizó un intento de golpe de Estado que causó la muerte de más de 100 personas, entre militares, policías y civiles, la justificación de ese acto era la de acabar con la corrupción existente. Años después, en 1998 ese mismo oficial, ya retirado, obtuvo una victoria electoral y asumió la presidencia de la República con la misma promesa, acabar con la corrupción.

Hoy en día revisamos el cumplimiento de esa que fue su promesa básica de campaña. ¿Qué ha pasado con la corrupción en Venezuela? ¿Hoy en día se combate más la corrupción que en el periodo puntofijista?

Los que vivimos esa época prechavista recordamos que ciertamente, sobre todo en los últimos gobiernos existía una fuerte corrupción. ¿Cómo nos enterábamos? Gracias a una prensa bastante libre, que permitía a los periodistas de investigación publicar sus denuncias, tal como José Vicente Rangel, quien decía: “Yo simplemente denuncio, dejo a los organismos competentes la función de investigar”. Recordamos que un ministro del Interior fue removido de su cargo por utilizar jeeps del ministerio para la campaña electoral de su partido, un ministro de la Defensa se fue del país por una investigación acerca de sobreprecio en la repotenciación de unos vehículos blindados, un ministro de Comunicaciones huyó del país con una maleta con dólares. Sabemos que era sólo la punta del iceberg, pero en cierta forma, para los corruptos siempre existía el peligro de ser descubiertos y enjuiciados, así fuera sólo para hacer sentir que existía un cierto combate a la corrupción. Incluso, un presidente fue defenestrado por hacer un traspaso de partida no autorizado. Como decimos en criollo, por lo menos se hacía el aguaje.

¿Cuál es la situación hoy en día?

En principio asistimos a la desaparición de un importante mecanismo anticorrupción, la licitación, que daba transparencia a las compras del Estado; todos recordamos al General jefe del Plan Bolívar 2000 que decía que no hacía licitaciones porque eso era engorroso, era más fácil asignar los contratos a dedo. Vemos que el presupuesto se ha fraccionado en diversos fondos sobre los cuales no existe el menor control; vemos cómo se manipula el presupuesto con un precio falso del barril petrolero para poder manejar el diferencial a su antojo. En segundo lugar, hemos visto la aprobación de numerosas leyes que protegen al funcionario de las investigaciones y denuncias, entre ellas la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, (Código Penal- Artículos 221 al 226). En tercer lugar, la Contraloría General de la República está descabezada desde la muerte de su titular hace más de un año, ya que para nombrar un nuevo contralor habría que negociar con la oposición un candidato que ejerza esa función más efectivamente. Por último, el organismo que el pueblo eligió para legislar y controlar, la Asamblea Nacional, no ejerce esa función.

Hemos visto durante estos años una serie de escándalos por casos evidentes de corrupción, que han llegado a la Asamblea Nacional y que esta elige muy selectivamente cuáles investigar y cuáles no. Está el caso del Plan Bolívar 2000, el de los centrales azucareros, el caso de los alimentos podridos de Pdval en sus versiones 1.0 y 2.0, las terribles denuncias de dos exmagistrados del Tribunal Supremo (Velázquez Alvaray y Aponte Aponte) acerca de la forma corrupta y fraudulenta en que se desarrollaban los juicios que tenían interés para el gobierno, la presencia de Vladimiro Montesinos en Venezuela, los seis mil millones de dólares de los bonos de Marisol Plaza y los de Tobías Nóbrega, la acusación de un diario español acerca del financiamiento a la campaña de Chávez por parte de un banco de ese país, los dólares congelados por el gobierno de USA, de 128 cuentas de personas del régimen, que suman más de $1.200 millones, esperando se aclare el origen lícito, contratos multimillonarios con mediadores petroleros. Otros como el caso de La Punta y Mata Redonda, los daños ocasionados por la explosión de Cavim, los derrames de crudo de Pdvsa. Existen otros casos, que involucran pérdida de vidas humanas, como el estallido en la Refinería de Amuay, la muerte de Danilo Anderson.

La idea no es atribuir responsabilidades en primera instancia a nadie, la pregunta que nos hacemos es ¿Por qué la Asamblea Nacional se niega a investigar estos casos? ¿Qué pasó con su función contralora? En cambio, basta con que un gobernador decida no dar su apoyo irrestricto a la revolución o un diputado de oposición meta la pata, para que esa misma Asamblea se vea contagiada de una fiebre de investigación y súbitamente aparezcan casos que los involucran en actividades sospechosas que “serán investigadas hasta las últimas consecuencias”. Y todos sabemos quien controla la Asamblea.

No nos oponemos a que se investigue a la gente de la oposición, eso es sano y es un requisito para la nueva Venezuela que todos aspiramos, sólo pedimos que también se investiguen los casos que pudieran involucrar a relacionados con el gobierno. La democracia es la tabla rasa para todos, no debe permitirse privilegios para los amigos que les permitan enriquecerse sin límites con el dinero del Estado, mientras que a los enemigos se les aplica la cacería judicial. Si alguien quiere de verdad combatir la corrupción tiene que hacerlo con todos, tanto amigos como enemigos. Queda de parte del lector evaluar cómo han reaccionado los diferentes líderes ante estos casos: Uds. eligen.