El Aragueño
01-09-2012
Plinio R. Carvajal H.
El 20 de noviembre de 2008, Día de la “Consciencia Negra” en Brasil, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto universal de cuotas en las universidades públicas, para los alumnos egresados de escuelas públicas, entre ellos los categorizados como negros e indígenas. Esta medida provocó numerosas reacciones, incluyendo una solicitud de revocatoria de esa ley ante la Corte Suprema de Justicia de ese país, alegando violación de los derechos de los no pertenecientes a estas minorías. Sin embargo, el Alto Tribunal brasileño negó las pretensiones de la demanda por una abrumadora votación de 10-0, en un fallo del 27 de abril de 2012.
Al respecto, el primer afrodescendiente en llegar al cargo de ministro, Joaquim Barbosa, en la historia de Brasil afirmó que: “Esas medidas apuntan a combatir no solamente manifestaciones flagrantes de discriminación, sino discriminación de hecho, que está absolutamente enraizada en la sociedad y, de tan enraizada, las personas no la perciben".
Si bien la discusión y los argumentos a favor y en contra, no son así de sencillos, la discusión de fondo radica en decidir cuál debe ser el papel del Estado frente a los grupos sociales históricamente discriminados, cuyos miembros crecen en un ambiente con muy pocas oportunidades, en estados de derecho donde no hay discriminación racial formal. Hay quien opina que es un acto de justicia por años de discriminación y exclusión, otros temen que en una “sociedad no racista” se despierten antagonismos dormidos.
¿Pero realmente, nuestras sociedades latinoamericanas son no racistas? ¿O existe una realidad soterrada, la discriminación social en países que se catalogan como multirraciales y que niegan que en sus sociedades esa discriminación exista?
¿En Venezuela existe la discriminación racial? A esta pregunta, la mayoría de los venezolanos respondería rápidamente que nooooo!, sobre todo aquellos que tienen aspecto “blanco”. Sin embargo, en una carrera para ingresar en una universidad pública entre un joven blanco de clase alta y un joven negro de un barrio que vive bajo el límite de la pobreza, el pudiente lleva la mitad de la carrera ganada. Si se investiga cuántos mestizos, indios o negros alcanzan un papel protagónico en una novela, participan en un comercial, se convierten en anclas de un noticiero o animan un concurso, las cifras demuestran una tremenda exclusión. Quise referirme en primer lugar a los medios de comunicación, porque son, al mismo tiempo, reflejo y en cierto grado moldeadores de nuestra sociedad, pero no es el único ámbito donde se observa este fenómeno, veamos el gabinete ministerial, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, Fedecámaras.
No obstante lo anterior, el problema no es así de sencillo. Muchos alegan que los miembros de estos sectores carecen de la calificación profesional para ejercer estos cargos, lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿realmente esas personas están en igualdad de oportunidades para obtener educación y preparación? La respuesta aunque muy controvertible pareciera ser no. Se puede observar que las minorías sociales legalmente tienen acceso a la educación, pero en la práctica esto se ve obstaculizado por la necesidad imperiosa de trabajar, que ocasiona deserción escolar, y cuando reciben educación esta es de baja calidad. Además, suelen crecer en ambientes violentos donde sobrevivir es lo primero, comer es lo segundo y todo lo demás viene después.
En Venezuela se han tomado algunas medidas, es necesario reconocer la aprobación de la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, que en cierto modo ha pasado bajo la mesa, salvo alguno que otro chiste sobre la sustitución de la palabra negro por afrodescendiente. También la creación de la Universidad Bolivariana, aún con sus fallas, es una medida que ha ayudado a combatir la exclusión en la educación superior. Sin embargo, es necesaria una acción más coherente, más reflexiva y de más largo plazo, no con la mentalidad del operativo que actualmente vemos, para hacer frente al problema de la exclusión social y de la incorporación de sectores tradicionalmente relegados. Si no creamos políticas de acción afirmativa es imposible que se rompa el círculo vicioso en el que se ven envueltas estas personas, pues el sistema funciona así: Creces en la pobreza, te desarrollas en la pobreza, básicamente, para volver a la pobreza.
La creación de una legislación, que no solamente prohíba en términos laxos la discriminación, sino que contenga reales acciones afirmativas, estableciendo normas para los institutos de educación, medios de comunicación, centro laborales y otros lugares donde se desarrollan las actividades propias de la sociedad a fin de contribuir positivamente a incorporar personas que han sido discriminadas por criterios raciales, sociales o de otra índole, es indispensable para avanzar en la creación de una sociedad más justa, más igualitaria y más incluyente.
http://visionyanalisis.blogspot.com
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