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martes, 28 de agosto de 2012

Voluntad Popular solicita al Cleba que haga cumplir la Ley de refugios

KARLA TRIMARCHI | el siglo
foto | JAVIER TROCÓNIZ


Con el firme propósito de que los representantes del Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua hagan valer los derechos de las cientos de personas que están en la actualidad viviendo en refugios, debido al desbordamiento del Lago Los Tacarigua en diversas comunidades, Guillermo Luces, dirigente de Voluntad Popular, hizo entrega de un documento donde expresa su inquietud.

Tal como lo explicara Luces, los damnificados son un tema importante en la actualidad, “ya que entendemos que el gobierno regional ha asumido su responsabilidad con estas personas, por lo que le hacemos un llamado de atención para que se cumpla lo que establece la Ley de Refugios, aprobada por el Presidente de la República a través de la Habilitante”.

Es de acotar, que esta misma ley lo que busca es que las familias que están en los refugios, deben estar de una manera digna, donde sus derechos sean respetados, “por lo que consideramos que no sólo nos debemos solidarizar, sino que los diputados del Cleba deben estar atentos y que les den prioridad a los aragüeños”.

Según indicó el dirigente de Voluntad Popular, están solicitando que en los complejos habitacionales que se están construyendo tanto en Guasimal como en Arsenal, deben ser para los damnificados que hay en el estado Aragua, “ellos son los que deben tener prioridad”.

“El problema del Lago ya lleva muchos años y en la actualidad sólo lo están solventando trasladando a estas familias a refugios, pero el problema de fondo es que a estas personas les deben dar sus casas en un tiempo perentorio”, destacó Luces.

Aunado a la solicitud de que les entreguen viviendas dignas a los damnificados del Lago, también señaló que deben dar cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Refugios, la cual reza que estas personas deben recibir una pensión económica, sobre todo a las personas de la tercera edad, madres solteras y discapacitados.

Por lo que pide que los diputados sean los contralores sociales, para que los fondos lleguen a estas familias refugiadas que tienen la necesidad, no sólo de viviendas sino que tengan una estabilidad económica.

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