Lucha Contra la Corrupción

El Aragueño
11-08-2012
Plinio R Carvajal H*

Hoy en día se está realizando algo que se sale de lo común en América Latina, un juicio contra una serie de funcionarios brasileños, pertenecientes al Partido de los Trabajadores, partido de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, actualmente en el poder en ese país. No es raro que se realicen este tipo de juicios, lo extraño es que se haga contra un miembro del partido que está en el poder. Se ha llamado el juicio del siglo, en Brasil, porque involucra a tres exministros del partido de Gobierno. Una visión algo cínica podría pensar que se trata de un pase de factura de un sector del partido hacia otro sector, sin embargo en el juicio se hallan bajo investigación tanto personajes adeptos a Lula como a Rousseff, lo que permite idealizar con algo de imparcialidad en el proceso.

Exministros de la administración de Lula, diputados, empresarios y banqueros involucrados en una supuesta red de compra de votos, serán juzgados por la Corte Suprema, sin embargo hasta ahora el expresidente no ha sido involucrado en el affaire. Por su parte, Dilma Rousseff se ha forjado una imagen de inflexibilidad en materia de corrupción, ya ha despedido a 6 de sus ministros por sospechas de actos de corrupción. Esta iniciativa se inserta en estrategia de Brasil destinada a obtener su reconocimiento como gran potencia, al establecer un fuerte apoyo a sus instituciones judiciales y reforzar su autonomía frente al Ejecutivo.

Estos ejemplos nos hacen meditar acerca de la situación de la lucha anticorrupción en Venezuela. No quiero hacer una declaración al respecto, quiero que el lector se responda a sí mismo las siguientes preguntas: ¿Se han investigado las denuncias de corrupción en nuestro país?¿Qué ha pasado con el caso de Pdval, el Plan Bolívar 2000, Mercal, los centrales azucareros y otros tantos? ¿Por qué se “descubren” casos de corrupción que involucran a gobernadores que fueron electos apoyados en el proceso y luego se distancian de la “revolución”? y finalmente la gran pregunta: ¿Existe en Venezuela una real lucha contra la corrupción o una lucha contra los enemigos políticos?.

Leyes antiprotesta

Resultan interesantes las reacciones de diversos voceros de nuestro país que han criticado duramente la posible aprobación de la Ley de Resguardo Público o Ley Hinzpeter, en Chile, destinada, según el titular del Interior, a “resguardar el orden público frente a desórdenes y vandalismo y que no pretende criminalizar las marchas y manifestaciones”; ley que la oposición estima destinada a criminalizar la protesta. Sin embargo, esos mismos defensores de los Derechos Humanos guardan silencio ante los 72 dirigentes sindicales sometidos a juicios por protestas pacíficas ante 15 artículos de la legislación venezolana penalizan y restringen el derecho a la protesta ante leyes que protegen a los funcionarios públicos de cualquier denuncia, aún siendo esta denuncia comprobada, pública y notoria (Código Penal-Artículos 221 al 226), mientras los particulares pueden ser ofendidos y sometidos al escarnio público a través de los medios de comunicación social sin que exista medio alguno de defensa o resguardo del honor. Nuestro país es uno de los que tiene más “leyes de desacato”, que protegen a los funcionarios e impiden la denuncia y la protesta, consideradas internacionalmente como abusivas, contrarias a los derechos fundamentales y como mecanismos de control de la población por parte del Gobierno. Lo que es bueno para el pavo debe serlo también para la pava.

Infraestructura vial

Una vez mas nuestras carreteras y autopistas se tiñen de sangre. Tanto la Autopista Regional de Centro como la Gran Mariscal de Ayacucho se han visto paralizadas durante horas por nefastos accidentes viales, que en muchos casos involucran vehículos de carga pesada, causando pérdidas de invaluables vidas, enormes colas; destrucción y dolor en las familias involucradas, eso en los casos que resultan notorios por la importancia de las vías y la magnitud de los hechos porque hay miles de casos más que no llegan a los medios de comunicación. Muchos dirán que es simple responsabilidad de los conductores, pero no es así, existe una gran responsabilidad del Estado que no se ocupa del mantenimiento de las vías.

¿Quién no ha caído en un hueco, perdido cauchos, tren delantero, daños a los vehículos por el mal estado de las carreteras? y no hay a quién formular un reclamo, usted asume sus pérdidas y ya, aunque el Seniat sí castigue al que no paga los impuestos que deberían servir para reparar esas vías, y no sólo reparar, sino también mantener; no hay autoridad alguna que verifique las normas acerca del peso de la carga, no hay controles que impidan que el abuso de los transportistas deterioren la rutas; no hay control acerca de los canales que deben utilizar los vehículos de carga pesada, ni sobre la velocidad máxima que pueden utilizar; lo mismo se aplica a los vehículos de transporte público, cada vez que se desbarranca un autobús y muere gente sale un funcionario a prometer controles que jamás se aplican; bastaría con colocar un dispositivo llamado gobernador a cada camión o autobús. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se ordena? ¿Cuáles son los intereses? El pueblo debe tomar consciencia y reclamar a sus autoridades electas el cumplimiento de sus funciones, de lo contrario sustituirlas.

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