La campaña electoral y la corrupción

ANA JULIA NIÑO GAMBOA - Tal Cual

Hace poco más de un mes se inició oficialmente la campaña electoral para la elección presidencial en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral aprobó las normas que rigen esa campaña, y prohibió varios tipos de mensajes para preservar el respeto a las personas, y prohíbe los mensajes discriminatorios.

No faltó la regulación de la campaña en los medios de comunicación social, así que se les prohíbe que la hagan por cuenta propia y, además, se pautan tiempos para la propaganda en radio y televisión, la extensión de los avisos de prensa, el número de mensajes de texto. Y en la lista de prohibiciones quedó establecida la proscripción del financiamiento con fondos y bienes públicos. Se entiende entonces que el uso de dichos recursos es ilegal para el órgano electoral y es un delito de corrupción.

Sin embargo, el Poder Electoral, en muchos aspectos, ha sido pusilánime. La ciudadanía aún sigue demandando las normas específicas, que dificulten el uso de recursos por parte de funcionarios que no se separan de sus cargos al postularse para la reelección. O la adopción de medidas que desalienten el desvío de recursos públicos para favorecer o perjudicar una candidatura. Hablo de las inconstitucionales cadenas presidenciales, o de los supuestos mensajes oficiales que se usan para favorecer la candidatura del candidato-presidente. Pero también me refiero al uso de los recursos de gobernaciones y alcaldías para financiar la campaña de otras candidaturas, a todo nivel.

Especial mención merece el uso del llamado "sistema nacional de medios públicos" que en la práctica funciona como una pieza más del comando de campaña del candidato oficialista. Lo que, en cierta forma, es avalado por el CNE, por ejemplo, cuando trata en igualdad de condiciones la conducta de Globovisión y de Venezolana de Televisión en la campaña. Ocurre que el primero es un canal privado, que se administra con recursos propios; pero VTV es un canal público, con recursos que no son propiedad del Presidente de la República. De manera que cada vez que ese canal hace propaganda electoral al candidato oficialista, o se faja a ofender y ridiculizar al candidato de oposición, o sencillamente desvía el dinero de todos los venezolanos para promover la ideología del partido de gobierno, no sólo incurre en un delito electoral sino que también comete actos de corrupción. Y no pasa nada, eso es lo peor.

Pero, ojo, ciudadanos, no se puede permanecer apático en ese paseo idílico entre la campaña electoral y la corrupción. Algo debe pasar, que sea lo mejor.