Expropiaciones al poder

Tal Cual

El Gobierno sigue queriendo tener por la fuerza la propiedad privada, en este caso puso el ojo en la finca La Palma, donde confiscaron 1.500 hectáreas. Hace 10 años el Estado tomó otras dos haciendas al mismo propietario y hasta la fecha no le han pagado

JESSICA MORÓN GUERRERO

El Estado mantiene su afán por adquirir y tomar por la fuerza la propiedad privada, siendo su foco de interés los medios de producción del país. Esta vez los ojos del Ejecutivo Nacional se posicionaron sobre la Finca La Palma, en el estado Yaracuy, una extensión de 1.500 hectáreas dedicada a la producción de carne y leche, a la cual el Instituto Nacional de Tierras (INTI), aplicó una medida de rescate.

El predio está dividido en tres parcelas: la Hacienda El Rocío, Hacienda La Clavellina y La Palma. Cada una cuenta con 500 hectáreas que son propiedad de Antonio Ruiz Zapata, a quien la nación venezolana expropió otras dos fincas en la entidad apureña. No obstante, el Estado aún no le ha cancelado a Ruiz Zapata los terrenos tomados.

Según el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Manuel Cipriano Heredia, cuando se trata de expropiar "el Gobierno busca que se cumplan dos condiciones: que la tierra pueda catalogarse como ociosa o que el predio en cuestión se encuentre en las denominadas tierras del Estado". Frente a este último supuesto el agremiado detalló que el Gobierno está tratando de cambiar las coordenadas de la finca para ubicarla en Falcón.

En este sentido, el directivo de Fedenaga explicó: "para que el procedimiento de rescate surta efecto el Estado cambió las coordenadas de la finca de Yaracuy para Falcón, donde allí las tierras son de la República. La finca es propiedad privada y tiene su documentación que lo acredita".

Heredia aseveró que en inspecciones anteriores el INTI ha entregado certificados de productividad a la finca con lo cual no se trata de una tierra ociosa. La Palma es la última propiedad que le queda a Ruiz Zapata, luego de permanecer por más de 10 años a la espera del pago por los otros dos predios que le expropiaron.

CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

Las intenciones del Gobierno de tener un control total sobre el país son evidentes. En abril del 2011, estudiantes, profesores y egresados de la Fundación Colegio Experimental de Agricultura del Mundo Unido Simón Bolívar (Fundacea) en el estado Barinas, protestaron y solicitaron al Ejecutivo frenar la expropiación de la institución educativa que funcionaba desde hace 25 años, dedicada a la formación de jóvenes en la administración de fincas.

En septiembre de ese mismo año funcionarios del INTI se presentaron en las instalaciones de la finca-escuela con una notificación que expresaba el inicio de un proceso de expropiación de sus terrenos.

Estudiantes y empleados de la institución tomaron acciones legales y en compañía de la junta directiva, acudieron a la gobernación y la Alcaldía de Barinas. No obstante, los intentos fueron frustrados al no recibir una respuesta directa de manos de los organismos gubernamentales.

El directivo de Fedenaga sostiene que "tras la expropiación el Estado planeaba la construcción de un Politécnico Bolivariano y ahora dicen que lo convertirán en una empresa socialista, con lo cual el Gobierno acabó con una institución educativa importante que vendrá a ser otra de las iniciativas socialistas que no progresan".