Exigen que les paren

Tal Cual

Familiares de presos denuncian los malos tratos, retardos procesales y mala alimentación hacia sus familiares que se encuentran recluidos en el Rodeo III. Aseguran que el despacho de Iris Varela ha obviado todas las denuncias

KEILYN ITRIAGO MARRUFO


Más de 250 familiares de internos de Rodeo III acudieron a la sede del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para manifestar que han agotado las vías formales ante el Ministerio de Servicios Penitenciarios, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, instancias en las que han denunciado las penurias por las que atraviesa el recinto carcelario, y de las que no han obtenido respuesta alguna.

Testimonios de esposas, madres, hijas y hermanas coincidieron en la situación de maltrato hacia los reclusos pues son sometidos a golpes con "tablas y tubos" y ataques con balas de goma que les han originado diversas lesiones. La visita también ha sido objeto de atropellos durante el chequeo para el ingreso.

Dijeron estar cansados del retardo procesal que existe con sus seres queridos, pues es común que difieran las audiencias amparándose en cualquier excusa.

Asimismo, explicaron que no ha habido voluntad de parte de las autoridades del gabinete que preside Iris Varela para la instalación de mesas técnicas para los estudios de las medidas alternativas de cumplimiento de condena.

Sostienen que han incumplido los acuerdos a los que han llegado con firmas de convenio desde noviembre del año pasado hasta el 20 de junio de este año.

ESPERANDO POR EL ESTADO

Humberto Prado, director del OVP, manifestó que la organización que preside solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Rodeo III goce de medidas provisionales de protección, como las que amparan a los penales I y II. "Estamos a la espera de que el Estado le responda a la Corte porque la instancia le mandó a pedir los listados de los centros penitenciarios", acotó Prado, quien recuerda que buena parte de la población de Rodeo II fue traslada a Rodeo III luego de los motines que sucedieron en junio del año pasado. La capacidad de este último recinto es de 480 internos y en la actualidad hay unos 650.

"Llamamos la atención de la ministra para que escuche las irregularidades y ella interponga sus buenos oficios de manera que no se sigan violando los derechos humanos de estos internos", señaló Prado. Rechazó que en lugar de una política de humanización exista una "política de retaliación", pues el Estado para restablecer el orden lo que hace es maltratar y aterrorizar "cuando lo que tiene que hacer es reordenar y poner a trabajar a las personas".