Importar alimentos es una política del gobierno para bajar la inflación y destruir el aparato productivo nacional. Capriles propone garantía de los derechos de propiedad a los productores y compradores de rubros hechos en Venezuela
JOSÉ GUERRA
Esta cifra le llegó al corazón de Hugo Chávez quien desesperado no le queda más que sacar cifras sin ningún sustento. Debido al desmantelamiento de los entes con competencia en el sector agropecuario, Venezuela carece de cifras confiables sobre producción agrícola y son los datos del BCV los únicos confiables sobre ese sector.
Pero tal vez no hace falta adentrarse en las estadísticas del instituto emisor para darse cuenta de la creciente y peligrosa dependencia de Venezuela de las importaciones de alimentos porque basta ir a un mercado para ver lo evidente.
Ahora bien, según el BCV en 2011 las importaciones de bienes alimenticios se incrementaron más de 30% con relación a 2010 y en lo que va del año 2012 el aumento de esas importaciones excede el 40%. La razón de ser de tal auge de las compras de alimentos en el exterior tiene que ver con dos factores. El primero con la caída de la producción nacional y el segundo con la orientación importadora del Ejecutivo.
Respecto a este último asunto, han sido claros y diáfanos en su estrategia el ministro de Alimentación Carlos Osorio y la ministra de Comercio Edmeé Betancourt en el sentido de que las importaciones de alimentos forman parte de la política del Gobierno para bajar la inflación a costa de destruir el establecimiento productivo nacional. Este diseño de política para favorecer las importaciones conforma un elemento básico del giordanismo, eje alrededor del cual gira la acción de gobierno de Hugo Chávez.
Es dogma del giordanismo la tesis según la cual los productores venezolanos deben ser minimizados para abrirles espacios a fabricantes de países amigos del gobierno de Venezuela. De allí las voluminosas compras de alimentos a Brasil y Argentina, de productos que fácilmente se pueden manufacturar en el país.
CONFISCACIONES
Tras los decretos de guerra a muerte emitidos por el gobierno de Hugo Chávez contra los productores agrícolas venezolanos, especialmente desde 2007, es clara la tendencia a la declinación de la producción agropecuaria de Venezuela, según las únicas cifras recopiladas con alguna coherencia por el BCV.
Informa el BCV que en 2011, el producto interno bruto (PIB) del sector agropecuario experimentó una caída acumulada de 3,0% con relación a 2008, según se consigna en el gráfico adjunto. Similarmente, según el BCV, durante el primer trimestre de 2012 en el cual el PIB total creció 5,6%, la actividad agropecuaria se contrajo 1,2%.
Estos resultados con perfectamente coherentes con la política de aniquilamiento que han sufrido los productores de Venezuela, a quienes se les persigue y hostiliza. No ha construido el Estado sus propias unidades productivas para producir alimentos primarios e insumos para la manufactura de alimentos. Optó por la vía más fácil: la de las expropiaciones y confiscaciones de empresas, fincas, hatos y haciendas y la consecuencia es la señalada, una disminución secular de la producción y la exacerbación de las importaciones.
Éstas crean dos tipos de problemas. En primer lugar, agotan las reservas internacionales, más aún en la actualidad donde los precios de los alimentos no dejan de subir en los mercados internacionales en virtud de una sequía prolongada y la alta demanda proveniente de Asia.
En segundo término, las importaciones destruyen el empleo en Venezuela. Por tanto, se genera desempleo y se debilita la posición externa de la economía.
PROPIEDAD
Para enfrentar este drama de la pronunciada dependencia alimentaria de Venezuela, ha lanzado Henrique Capriles un programa encaminado a levantar la producción nacional de alimentos mediante un conjunto de acciones que tienen que ver con la garantía de los derechos de propiedad a los productores, compras por parte del Estado de rubros producidos en Venezuela, financiamiento oportuno y abundante, seguridad social y personal para la gente que trabaja en el campo. Todo ello con el propósito de garantizar el acceso del pueblo a alimentos a precios razonables y en abundancia.



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