92 días encadenados

Tal Cual

Gobierno se mantiene inflexible e indiferente ante el reclamo de los 8 trabajadores encadenados en Ferrominera. Rubén González hace esfuerzos de diálogo con la empresa a fin de lograr el reenganche de los despedidos. Se dice que la presión de factores de poder en el PSUV y el Ejecutivo impide una solución al conflicto

DAMIÁN PRAT C / Guayana

En poco más de una semana, si el Gobierno persiste en no rectificar, se cumplirá un año del despido de ocho trabajadores de Ferrominera, casi todos con más de 20 años de servicio y la calificación de despido contra otros 18. También se cumplirán 100 días del inicio de la protesta que ellos mantienen, encadenados bajo una improvisada carpa a pocos metros del portón principal de la empresa en Puerto Ordaz.

El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, reelecto, pero ahora sí con la mayoría en la directiva, llegó con un mensaje de reconciliación y se mantiene haciendo esfuerzos de diálogo con la empresa a fin de lograr el reenganche de los despedidos con el pago de sus salarios caídos.

Y aunque por vez primera en un año el presidente de la empresa parece haber abierto un espacio para el diálogo designando al consulto jurídico para ello, dentro de la empresa se asegura que la presión de factores de poder en el PSUV y el Gobierno es prohibir que haya una solución al conflicto.

SOLO RUMORES

Tales conjeturas, basadas en comentarios que llegan desde algunos sectores del partido de gobierno y de altas esferas gerenciales de la empresa, no tienen hasta ahora prueba clara pero para finales de la semana pasada parecía estar casi listo un acuerdo, incluyendo una resolución del consultor jurídico que suspendió parcialmente sus vacaciones a fin de atender el caso, mas de nuevo la salida se habría "empantanado" y el diálogo estaba estancado.

José López, técnico conductor de ferrocarriles con 23 años de servicio; Evaldo Castillo 24 años como ferrominero en Seguridad patrimonial; Pilar Aguilera, 22 años de servicio en buques y en relaciones institucionales; Ángel Saldiña, técnico mecánico en Ferrocarril con 22 años de trabajo; Jesús Pérez, instrumentista del hospital Américo Babó cuya de servicio se remonta a 23 años en la empresa y Eric Flores, el más "nuevo" con 9 años en Ciudad Piar Ferrocarril son los principales afectados.

Solo un caso, el de Jesús Ortega con 33 años de labores, tuvo solución tras muchos reclamos porque fue despedido estando en fuero paternal. El despido de ellos y las otras 18 calificaciones de despido formaron parte en su momento de las retaliaciones políticas por los incidentes de violencia en junio de 2011 cuando se realizaba una asamblea para elegir la comisión electoral.

Un trabajador resultó muerto y otro herido, ambos por bala pero el único detenido por el Cicpc, con arma de fuego, señalado por docenas de testigos como autor de los disparos, es del bando oficialista fue liberado por un tribunal por lesiones leves con medida de presentación.

Los despedidos son acusados por la empresa de "faltas a la moral e incitación a la violencia" y por ello los despidos, pero en realidad todos apoyaron la plancha que tras un año de maniobras ganó las elecciones y aseguran ser objeto de represalias "para tapar a los verdaderos responsables".

Al ganar las elecciones la plancha de la Unidad encabezada por Rubén González se desató un conflicto interno en el PSUV regional con acusaciones entre ellos por la culpabilidad de la derrota.

De acuerdo a las versiones extraoficiales, el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, habría pedido a los gerentes, bajar la presión y reconocer el resultado. De allí vendrían los intentos de negociar una solución a los despidos.

No obstante, las versiones internas en la alta gerencia y en sectores del PSUV es que desde las oficinas de la gobernación, con apoyo en factores de peso en el gobierno nacional, habría surgido la contra orden de "no permitir que González tenga ningún logro" Otra versión es que algunos factores del Comando Carabobo y sus asesores de campaña piden retrasar todo "hasta que Chávez pueda ir a Guayana para que cargue las culpas sobre algún funcionario de Ferrominera y él se desmarque de lo ocurrido".

A lo largo de los meses de reclamos y sobre todo de los 92 días que llevan encadenados, ningún organismo del Estado o el gobierno han buscado soluciones, diálogo ni mediación.

Ni la Fiscalía, ni la Inspectoría del Trabajo, ni la Defensoría del Pueblo han actuado. La respuesta ha sido el silencio y la indiferencia, avalando los despidos. Al final de la tarde de ayer, sin embargo, la directiva del sindicato hacía nuevos intentos de negociación con la empresa.