Aunque el gobierno venezolano retiró al país del CIADI ello no ha evitado las demandas. En esta oportunidad es la minera Ruso-canadiense Rusoro que solicitó arbitraje contra Venezuela ante un tribunal del Banco Munidal por la nacionalización de sus activos en el estado Bolívar
ELINOR MADERO MARTÍNEZ
Américo de Grazia, diputado de la comisión de Energía y Petróleo de la AN, afirmó que este tipo de acciones corresponden a la excusa de que los inversionistas repatrían las riquezas, "lo cual ha traído como consecuencia que han alejado a los pocos inversores interesados en las enormes reservas venezolanas".
En este sentido señaló que esto se traduce "en una piratería del gobierno nacional, por esto cada vez hay más demandas que crean desasosiego y un impacto negativo en lo social".
Para el diputado aquí no sólo no hay futuro para inversiones serias con Venezuela, "ahora se perderán aquellas empresas con un cierto prestigio de carácter internacional, que pretendían hacer inversiones realmente rentables y beneficiosas para los venezolanos, y seguirá reinando el desorden".
También de Grazia expresó que lo preocupante "no es qué ocurre con una compañía sino los efectos que se puedan tener; sí las mismas no negocian con Venezuela se pierden oportunidades comerciales, este es un juego que se presta a ciertos intereses de una elite burocrática, que se nutre de esos negocios".
CAUSAS DE ARBITRAJE
Luego de que el presidente Hugo Chávez decretará, en septiembre del año 2011, la nacionalización de la industria aurífera y ordenará a las firmas privadas conformar empresas mixtas en las que el Estado debe tener la mayoría accionaría, la empresa Rusoro inició las negociaciones, y luego de meses en discusiones decidieron acudir al Ciadi.
En un comunicado de la firma su presidente, Andre Agapov, señaló "las medidas del gobierno venezolano se han traducido en una pérdida significativa. Durante varios meses hemos tratado de encontrar una solución amistosa a la controversia, pero al final, a la luz de la aparente falta de voluntad del Gobierno para buscar una solución amistosa, el arbitraje se convirtió en el único recurso de la empresa".
La producción de Rusoro, que operaba ricos yacimientos en el sureste de Venezuela, bajó el año pasado por diversas trabas gubernamentales dejando que sus ganancias cayeran un 25,3% a 107,3 millones de dólares, a pesar de los altos precios del oro.
Por esto, Rusoro decidió iniciar el arbitraje ante el Ciadi, a pesar de que Venezuela se retirara a principios de este año de ese tribunal, donde enfrenta una veintena de demandas por hasta 45.000 millones de dólares.
SIN SALIDA
Las compañías que han acudido al Ciadi, a solventar una diferencia relativa a inversión, lo han hecho gracias a los tratados bilaterales de protección de inversiones suscritos entre Venezuela y 26 naciones. Esos convenios permiten que las disposiciones sigan activas diez años después de la denuncia del acuerdo para aquellas inversiones que se realizaron mientras el tratado estaba vigente.


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