Gobierno aumenta el acoso a las ONG

Tal Cual

Pretenden escudriñar los apoyos financieros dados, principalmente, por instituciones internacionales. ONU se preocupa por restricciones del Estado al trabajo de las organizaciones no gubernamentales

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, rechazó que la AN quiera fiscalizarlos

Con la propuesta del diputado Pedro Carreño de investigar a las organizaciones no gubernamentales, vuelve a ponerse sobre el tapete la obsesión de este Gobierno por hacer desaparecer estos instrumentos de la sociedad cuya función consiste en informar acerca de lo que el gobierno oculta Debido a la naturaleza autoritaria, muchas veces represiva y casi siempre opaca para informar, del Gobierno actual, han surgido una serie de organizaciones que se sintonizan con el reclamo del ciudadano indefenso y en muchos casos elevan a los organismos de justicia, tanto nacionales como internacionales, las denuncias. Las ONG que han venido haciendo más ruido durante los últimos años son, en su mayoría, las que se dedican a atender asuntos asociados a la violación de derechos humanos.

No sería la primera vez que el gobierno ataca a las ONG. A Human Rights Watch la han tildado de instrumento de la CIA, como también lo hace habitualmente el diario cubano Granma .Además, la ministra Iris Varela anunció a principios de mayo su decisión de no informar acerca de las estadísticas sobre el violento y conflictivo sistema carcelario, al tiempo que censuró a organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones por "ser de derecha".

CONTRA LA TRANSPARENCIA 

El diputado pesuvista informó que las ONG reciben cerca de 4 millones de dólares a escala mundial. "Reciben financiamiento para investigar problemas, por lo tanto en la medida que se incrementen los problemas, se incrementará su ayuda", señaló Carreño.

Anuncio que la Comisión de Contraloría de la AN pudiera investigar el origen de los recursos de Transparencia Venezuela, el capítulo nacional fundado en 2004 de la red mundial de lucha anticorrupción Transparencia Internacional Mercedes De Freitas, directora de la ONG, rechazó las intenciones rojas y explicó que la organización que encabeza "no recibe financiamiento del Estado venezolano, por lo que la Comisión de Contraloría no está en la obligación de investigarnos". Puntualizó que el apoyo económico que reciben proviene de instituciones nacionales e internacionales como la Unión Europea y Transparencia Internacional, "asegurando así independencia política".

La razón para querer escudriñar al grupo se debe a que se dedican a hacer "seguimiento a la gestión pública. Señalamos los temas de interés nacional que no están siendo tratados, es la tarea de cualquier contraloría social. A ningún Gobierno le gusta que le hagan seguimiento a lo suyo", aseguró De Freitas, indicando que "desde hace muchos años se viene limitando la participación de la sociedad civil".

ONU PREOCUPADA 

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su "profunda preocupación" por las restricciones al trabajo de las ONG que imponen las autoridades de numerosos países, entre los que citó a Venezuela. Pillay hizo mención de la aprobación de un proyecto de ley con una "amplia definición de acto terrorista" que puede aplicarse a protestas sociales y disidencia, que aprobó la Asamblea Nacional.