El TSJ puso la torta con los pensionados

Tal Cual

El órgano judicial sigue sin poner reparo a la AN, que ha engavetado la discusión de la Ley sobre la materia. Marino Alvarado denuncia que la Sala Constitucional le esté dando mal ejemplo al resto del Poder Judicial 

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

El caso lo lleva la propia presidenta Luisa Estella Morales, en claro ejemplo de la celeridad judicial

Con serpentinas, pitos, globos y un pastel, miembros de la organización Provea cantaron frente al Tribunal Supremo de Justicia un cumpleaños "infeliz" a la acción aún sin respuesta que introdujeron hace dos años en la Sala Constitucional del órgano judicial, contra la mora de la Asamblea Nacional en aprobar la Ley del Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones económicas.

El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, explicó que la Constitución Nacional establecía un plazo de dos años para que el órgano unicameral legislara en materia de pensiones y jubilaciones, y la Ley Orgánica de Seguridad Social también estableció un lapso para que se dictara la normativa. Sin embargo, el Parlamento se ha hecho el loco y sigue dejando por fuera de su agenda la discusión de la legislación que les daría a millones de venezolanos pensionados y jubilados normas claras que garanticen la ejecución de las políticas públicas sobre la materia.

La demanda en rechazo a la parsimonia que llegó al TSJ el 27 de mayo de 2010 estuvo amparada en el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución de la República, en el cual se establece que dentro de las atribuciones de la Sala Constitucional está declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo, en este caso nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la carta magna.

Alvarado manifestó que en julio de 2010 se designó ponente de la causa a la magistrada Luisa Estella Morales, también presidenta de todo el máximo tribunal, y se le asignó número de expediente al caso. Sin embargo, luego de eso hubo un gran silencio, pues ni siquiera se conocía sobre la admisibilidad de la acción. Provea insistió y en febrero de 2011 introdujo una acción de amparo contra la Sala Constitucional por violación de derecho a la justicia expedita.

Esta vez la instancia habló y dictó sentencia, pero declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta por la organización defensora de los derechos humanos. "La Sala no realizó ninguna actuación para no prolongar el retardo procesal", apunta Alvarado, quien rechaza que sea la misma presidenta del TSJ la que les diga a los venezolanos que no acudan al sistema internacional de protección de derechos humanos porque la justicia en Venezuela se administra de forma adecuada.

"Mientas la Sala Constitucional exige al resto del Poder Judicial que administre justicia con celeridad, ella se encarga de dar el mal ejemplo", agrega el coordinador de Provea.