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sábado, 26 de mayo de 2012

El lado rojo de la fuerza


ALONSO MOLEIRO - Tal Cual

Leo que un despacho de prensa, emanado desde las oficinas del Estado, que Venezolana de Televisión anuncia que ha decidido comenzar a enviarle a sus televidentes reportes en torno al desborde delictivo vigente en este país. La nota, probable resulta de una decisión política tomada por el propio Jefe de Estado, acota que los contenidos serán transmitidos" desde una perspectiva positiva". Inserta dentro del nuevo plan de seguridad ciudadana que prepara el gobierno.

La información que estoy glosando no deja de tener sus grados de sarcasmo.

Indica que los medios oficiales se han decidido, por fin, a hacer parte de su trabajo. El dramático tema del reinado del hampa ha sido asumido con extrema ligereza por los mandos del alto gobierno y ahí está la causa última de los inaceptables dígitos que evidencia, que también son arteramente ocultados por los medios oficiales.

En las filas oficialistas se escruta con mucha frecuencia y enorme suficiencia el comportamiento de medios y periodistas que escapan del radio de control de sus monsergas. Cada muy poco tiempo podemos verlos, pontificando en torno la ética revolucionaria; la importancia de la verdad como insumo inseparable del hecho noticioso; el virus nocivo de la censura y las decisiones impuestas en los grandes medios informativos. Cada uno de los eslabones que componen el proceder ajeno son diagnosticados con un tratamiento implacable: medios que conspiran contra la causa popular, empeñados en aterrorizar a la población, integrantes de una componenda antinacional. Unidades de negocios que explotan a sus trabajadores, impiden la discusión e imponen la censura.

Mientras procuran ventilar los contenidos de un debate en el cual está planteado un juego de naipes con las cartas marcadas, las fuerzas del alto gobierno, los ministros del ramo encargado, los mandos dirigentes del chavismo, sus medios informativos y los periodistas que se prestan a sus objetivos, cierran el círculo de una perversa operación política que corona un tóxico ambiente ideal para la silenciosa consolidación del hábito de la censura.

Como nunca antes en los últimos cincuenta años en el país. Incluyendo a medios informativos aparentemente tibios en sus posturas editoriales. Un estado de asfixia que corona uno de los momentos más negros del periodismo venezolano.

La eterna omisión de los contenidos informativos vinculados a la inseguridad ciudadana, norma de moneda corriente en el ahora denominado Sistema Nacional de Medios Públicos, no ha sido una decisión caprichosa de un militante exaltado, un ministro especialmente intemperante o un jefe de información que amaneció de mal humor.

Es una decisión política de Estado, que trae consigo una orden de obligatorio cumplimiento, producto del ambiente vertical y ajeno a las posturas razonadas que campean en los espacios de toda la administración pública. Es la misma que hacía imposible el desarrollo de debates públicos con los aliados políticos del PSUV; la circulación de contenidos aunque sea parcialmente críticos, provenientes de sus propias filas; la creación de espacios donde se viertan opiniones discrepantes; el silencio en torno a los continuos apagones que se registran en la nación. El desarrollo de una línea hermética, con una postura inflexible y fanática, estructuralmente reñida con la gestación de los hechos.

Bajo ese rasero, mientras todavía se protesta por el "blackout informativo" del 11 de abril de 2002, se ejerce una enorme presión tributaria y administrativa sobre canales de televisión y estaciones de radio; se retiran todos los anuncios oficiales de los periódicos con algún nivel de autonomía; se reparten espesos insultos en contra de analistas y formadores de opinión por verter contenidos críticos, y se desarrolla, en medio de un estado de impunidad incalificable, una despreciable política para mantener sitiados a propietarios, dirigentes gremiales y activistas de la sociedad civil.

Esto para no hablar de las incontables ocasiones en las cuales periodistas, camarógrafos, trabajadores de la prensa y activistas sociales han sido agredidos verbal y físicamente, amenazados y dejados sin empleo haciendo uso de cualquier medida administrativa disponible que sirva de excusa, como le ocurrió a Radio Caracas Televisión.

Los periodistas que pertenecemos a los medios no oficiales y las empresas que ejercen la comunicación social hemos cometido errores, y, también, grandes aciertos. Al chavismo no le importan los primeros: le exasperan los segundos.

Denuncias que han desenmascarado la sordidez de unos funcionarios que parecen dispuestos a cualquier cosa sin con eso logran mantenerse en el poder. Las fallas aludidas se discuten abiertamente; con aquellas empresas se desarrollan relaciones laborales que permiten la creación de sindicatos, el desarrollo de pliegos conciliatorios y conflictivos, el uso de tribunales laborales, las protestas callejeras y la renuencia personal ante componendas personales.

En sus versiones periodísticas, el chavismo venezolano, la última invención de la izquierda borbónica en el hemisferio, cumple con enorme eficacia el libreto asignado: "víctimas de todo, culpables de nada". Sin sindicatos, sin autonomía personal; con un único jefe, dueño y señor de todos los medios existentes en la acera estatal. Facultado para interrumpir cualquier programa ajeno cada vez que le provoque para repartir consejos y órdenes. Estados de madurez de carácter juvenil; donde nada se discute y no queda espacio para el menor examen de conciencia.

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