BVC contra decreto sobre créditos

Tal Cual

El decreto 8.628, dictado por el Presidente de la República el 26 de noviembre de 2011, que obliga a las instituciones financieras a otorgar créditos hipotecarios a largo plazo sin tomar en consideración los parámetros necesarios de otorgamiento de créditos, fue impugnado por el Venezolano de Crédito, Banco Universal, de acuerdo con las declaraciones de su presidente Oscar García Mendoza, "en defensa de los derechos de los ahorristas, del sistema financiero venezolano y del ordenamiento jurídico nacional".

El 3 de mayo pasado, esta institución bancaria interpuso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso contencioso administrativo de nulidad contra el citado decreto, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.809 del 28 de noviembre de 2011, mediante el cual se "establece que las instituciones del sector bancario tanto públicas como privadas, tendrán la obligación de otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo, con cargo a la Cartera Hipotecaria Obligatoria, para la adquisición de todos y cada uno de los inmuebles que hayan sido construidos, total o parcialmente con préstamos a corto plazo otorgados por cada una de ellas con recursos provenientes de dicha cartera".

El recurso interpuesto se fundamenta en que el acto adoptado por el Presidente de la República mediante el decreto impugnado, está viciado por incompetencia, ya que ninguna norma legal ni constitucional le otorga esa competencia concreta en materia bancaria. El acto impugnado, en franca violación de derechos
yprincipios constitucionales, obliga a las instituciones bancarias a financiar inmuebles sin tomar en consideración los parámetros necesarios de otorgamiento de créditos.

"De forma lamentable", explicó García Mendoza, "el decreto impugnado busca establecer, ahora por vía sub legal, las mismas disposiciones que estaban contenidas en el proyecto de reforma constitucional rechazado por el pueblo venezolano en diciembre de 2007, con respecto al modelo revolucionario y socialista de Estado".

Y añadió: "las imposiciones que impugnamos responsablemente ante el Tribunal Supremo de Justicia, tendrán consecuencias negativas sobre la economía y no beneficiarán ni a los depositantes ni a las familias de escasos recursos y de atención especial; y por tanto, son regresivas al desarrollo nacional que supuestamente busca el decreto impugnado".

El presidente del BVC reiteró su condición de institución financiera sólida, cumplidora del ordenamiento jurídico nacional, y que asume con responsabilidad el mandato de confianza dado por todos sus ahorristas.