Advierten "penalización" de la actividad empresarial

Critican que en leyes económicas se fijen penas similares al delito de homicidio

Según una investigación de profesores de derecho, leyes como la del Indepabis y la de Costos y Precios son una "amenaza" para los empresarios ARCHIVO

ROBERTO DENIZ |  EL UNIVERSAL
domingo 27 de mayo de 2012  12:00 AM

La vía jurídica es una de las seguidas por el Gobierno nacional para consolidar el "Socialismo del siglo XXI". Nuevas leyes han permitido levantar la institucionalidad del modelo económico promovido por Hugo Chávez.

Carmen Alguíndigue, profesora de la Universidad Metropolitana (Unimet), advierte que junto al diseño de un nuevo orden económico, el marco jurídico diseñado en los últimos años ha instaurado una "penalización" de la actividad empresarial.

"El derecho penal se está haciendo más expansivo y ese principio de mínima intervención que debería tener un derecho penal, que responde a un modelo de Estado de Derecho democrático, social y de justicia, obviamente no se está materializando".

Esa es una de las conclusiones de una investigación realizada por Alguíndigue y otros profesores de derecho, y que fue presentada la semana pasada en el VIII Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet.

La Ley del Indepabis, la de Costos y Precios Justos o la recién promulgada Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) fueron algunos de los textos analizados por los especialistas.

"No podemos entender cómo en estas leyes aparecen tipos penales con una penalidad igual o, inclusive, superior a los tipos de homicidio que aparecen en el código penal", sostuvo Alguíndigue.

La profesora aseguró que este esquema jurídico ha "fragmentado" en más de 100 leyes la legislación penal, muchas de ellas asociadas a la actividad económica, y se han creado "más de mil tipos penales" aparte de los contemplados en el Código Penal.

Aseguró que esta práctica viola principios como el de la legalidad y el de la proporcionalidad. "En la mayoría de esas leyes se está violentando el principio de la legalidad porque son leyes que contemplan tipos penales y no son promulgadas por una ley formal como lo exige el principio de reserva legal, sino que son promulgadas por una ley Habiltante. Estamos en un divorcio entre lo que tiene que ser la aplicación de un principio general y lo que está contenido en la norma".

Amenaza permanente 

A juicio de Alguíndigue operar en un marco regulatorio como el actual conlleva varios peligros para los empresarios.

"Es una amenaza para la actividad empresarial. Ahora no solamente tiene que responder a una regulación que le puede generar una sanción administrativa sino que en muchos casos responde penalmente, inclusive con penas privativas de libertad para los directivos".

Adicionalmente, explicó que en vista de las limitaciones que el sistema judicial tiene para resolver los casos que se le presentan, estos instrumentos pueden emplearse de forma discrecional y, en la práctica, convertirse en una suerte de "terrorismo" judicial. "Hay un problema de seguridad jurídica. Para los empresarios este es un tema nuevo, ni siquiera los consultores jurídicos de las empresas están preparados para atender la legislación que ahorita los está abordando".

Aunque reconoció que en otros países se sanciona a personas jurídicas por cierto tipo de delitos, subrayó que no es de forma generalizada como está ocurriendo en Venezuela. "La tendencia no es que toda la regulación empresarial esté inmersa en tipos penales".