Si no se habla no existe

Tal Cual Digital

Tannto el Colegio Nacional de Periodistas y la NG Reporteros Sin Fronteras reiteraron su rechazo a la medida tribunalicia que impone censura a los medios al obligarlos a no informar sobre la contaminación del agua potable, si no se tiene un informe técnico avalado por el mismo gobierno. Como para reírse, ¿verdad?

En rechazo a la orden del tribunal 25 de Control del Área Metropolitana, que exige a los medios actuar “con extrema responsabilidad” y sustentar con informes “técnicos” las denuncias sobre la contaminación del agua potable, el Colegio Nacional de Periodistas calificó este viernes como un intento de “silenciar” las críticas a la gestión ambiental del gobierno y recordó que los periodistas y medios están amparados por la Constitución nacional a informar acerca de la realidad.

“El deber de un periodista está en defender el derecho de la población a estar debidamente informada (...) No es con silencio como se resuelven los problemas de contaminación que afrontan las poblaciones de Monagas; de las de Aragua y Carabobo que dependen del suministro de agua del embalse Pao-Cachinche; del Zulia o las zonas adyacentes al Complejo Petroquímico de Jose, en Anzoátegui”, dijo el CNP por medio de un comunicado.

La medida tribunalicia que, como se sabe, es producto de una orden emanada por el presidente Chávez el pasado martes cuando "instó" al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar contra quienes hacen las denuncias sobre el agua, por considerar que provocaban alarma en la población, lo cual de nuevo compromete la independencia del Poder Judicial y subraya la sumisión de la Fiuscalía General de la República a una parcialidad política, como es la del PSUV, partido al cual pertenece el candidato Hugo Chávez.

Silvia Alegrett, presidenta del CNP, advirtió que ningún periodista “inventó” las denuncias sobre el agua, y que la veracidad de la información proviene de las declaraciones del mandatario de Carabobo. “Si el gobernador está diciendo o no la verdad, eso se debe dirigir a otras instancias”.

Asimismo, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras calificó como “censura” la decisión judicial y se preguntó si hace falta callar una información de interés general bajo el alegato de que podría provocar "pánico". "Discutible sobre el fondo e inoportuna, esta decisión legal no puede sino contribuir al deterioro del clima político y mediático preelectoral”, apuntó RSF a través de un informe en su página web.

Sin embargo, la fiscal Luisa Ortega Díaz defendió la decisión al reiterar no se está limitando la información, sino garantizando su veracidad a través de pruebas. Indicó que la pureza del agua en el país no debe ser probada porque la premisa “es que es pura”. “Yo no pretendo que se ejecuten acciones contra los medios, sino que cumplan con su responsabilidad y labor (...) Si (los medios) incumplen, ya veremos“, agregó la Fiscal quien indicó que no se han establecido aún las sanciones que podrían aplicarse en caso de infracción.