Luisa Ortega dijo que no hay contaminación, aunque no mostró documentos que respalden su afirmación. La MUD exige investigar a los responsables de que el pueblo reciba "agua sucia" en sus casas
MAHYLENI SERPA PÉREZ / VÍCTOR AMAYA
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Sin embargo, uno de esos nombres pudiera ser el del presidente Hugo Chávez, quien apenas 24 horas antes exhortó al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General de la República "a cumplir sus responsabilidades", actuando en contra de los "opositores" que han denunciado fallas en el proceso de potabilizar el vital líquido, calificando esta acción de "terrorismo mediático". El Presidente también calificó como "guerra sucia" la cobertura dada por los medios de comunicación al tema.
Para ello, Ortega designó al fiscal 20, Daniel Guédez, a quien también instruyó solicitar al Tribunal de Control que emita una medida cautelar para que los medios de comunicación sustenten con informes técnicos todas las informaciones sobre esta materia.
Luisa Ortega Díaz aseguró que su objetivo no es otro que resguardar la tranquilidad de los ciudadanos y "evitar una psicosis colectiva", pues, según ella, "no hay certeza de que el vital líquido esté contaminado", a pesar de las denuncias hechas por autoridades gubernamentales como el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo; y el de Monagas, José Gregorio Briceño.
PRUEBAS EN LA MANO
Pese a que el Ministerio del Ambiente no ha mostrado ni un solo informe técnico que garantice la potabilidad del agua, la Fiscal aseguró que a ella ese despacho sí le había informado, con documentos, acerca de la calidad del líquido. Recalcó que "tengo las pruebas en las manos que me envió el ministro del Ambiente", y agregó que "para el tratamiento de las aguas en Venezuela se sigue un protocolo de medición internacional que es aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Ese protocolo lo cumple el Ministerio del Ambiente para garantizar la potabilidad del agua".
Sin embargo, cuando se le solicitó que hiciera público tal informe declaró que esa tarea no le compete a su despacho, aunque aprovechó para ratificar que a "todas las plantas de tratamiento de agua para el consumo humano se les hace un seguimiento diario y no están contaminadas".
Pero además, Luisa Ortega Díaz dijo que lo normal sería que los medios consideraran que la potabilidad del agua es óptima, comparando tal cosa con un principio constitucional. "Siempre presumo la inocencia de una persona.
De igual manera debo presumir que el agua está potable y en condiciones óptimas, hasta que no se compruebe lo contrario", declaró. Si el denunciante es una autoridad electa, como el caso de gobernadores o diputados, los periodistas tienen que ser "agudos", porque, según la Fiscal, los denunciantes deben mostrar las pruebas técnicas.
Una vez que el Ministerio Público inicia averiguaciones sobre las informaciones publicadas por los medios de comunicación, que el chavismo considera una "campaña de terror", la propia funcionaria estaría negando el principio de inocencia y "buenas intenciones" de las empresas periodísticas. La Fiscal opta por acusar a los periodistas de informar "cosas de las cuales no se tiene certeza" Vale recordar que fue la misma Luisa Ortega Díaz quien propuso ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Delitos Mediáticos porque, como dijo en julio de 2009, "es necesario que el Estado regule la libertad de expresión", en protección de "la paz social".
AMENAZAS DEL PODER
La Mesa de la Unidad Democrática se pronunció mediante un comunicado indicando que "el Señor Presidente de la Republica ha exhortado a la Fiscal General a investigar las declaraciones de diferentes voceros sobre la contaminación del agua, afirmando que "eso es un delito" ya que se produce pánico a la población. Esas amenazas no tienen otro sentido que acallar lo que es ya un clamor en muchas zonas del país. Por ende, habrá que investigar los reclamos de cientos de miles de venezolanos".
El texto dice que el primer mandatario debe tener presente "algo evidente", que "lo que el pueblo recibe en sus casas y muestra cada día no es una `guerra sucia’, como lo señala y pretende eludir con una mentira más de estos 13 años de gobierno, es sencillamente `agua sucia’".
La instancia opositora agrega en el documento que la tarea lógica es investigar las causas de los problemas existentes y a los responsables de que ocurran. "Como el gobierno se niega aceptar esta realidad lo invitamos a que se designe una comisión científica independiente para que tome las muestras de aguas necesarias, las analice y haga del conocimiento público los resultados".
La Mesa de la Unidad insistió en que el abastecimiento de agua potable merece una atención absolutamente prioritaria, como consta en sus Lineamientos del Programa de Gobierno.
FALSAS INFORMACIONES
Por su parte, y durante un recorrido casa por casa en Táchira, el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski llamó a la población a no temer al sector oficialista. "Nosotros el 7 de octubre le abriremos la puerta al futuro y el progreso, no se dejen intimidar".
Calificó como "falsas" las informaciones que señalan que el 96% de la población tiene agua potable, como defendió el ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher. "Eso es mentira, lo que tenemos es grandes reservas de agua en Venezuela y debemos garantizar que llegue ese servicio a todos", aseguró.
SIN INFORMACIÓN OFICIAL
Luisa Ortega Díaz exigió que los medios publiquen las denuncias sobre la calidad del agua pero con los pelos en la mano: informes técnicos que respalden las informaciones. Es más, teniendo ella un supuesto documento del Ministerio del Ambiente que aseguraría la potabilidad del líquido no quiso mostrarlo porque "no le corresponde". La Fiscal General lo que no hace es denunciar que las fuentes de información oficial suelen estar cerradas para los periodistas y medios de comunicación.
Para muestra un botón: el martes pasado el diputado Heliodoro Quintero (UNT) denunció que 45 días después del derrame petrolero del río Guarapiche, Pdvsa sigue sin presentar los informes técnicos a la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, necesarios para la cuantificación de los daños, el cuidado con la salud de los habitantes y las sanciones y penalidades correspondientes con base a la Ley Penal del Ambiente.
Los textos "deben reflejar la evaluación del daño al aire, daño puntual agropecuario, daño permanente al suelo, daño social humano, daño a la cuenca del río, daño a la fauna piscícola, daño aguas abajo en la ciudad de Maturín y el consumo de agua potable", según Quintero.
Pero tal informe no existe. Luisa Ortega tiene uno en sus manos y no lo muestra. En el Ministerio del Ambiente solo hablan de terrorismo acuático pero no muestran estudio alguno y, por si fuera poco, el ministro Hitcher prohíbe que se hagan estudios independientes "porque no hace falta". VA
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