En Ministerio de Educación no atienden exigencias de docentes y padres.
GUSTAVO MÉNDEZ | EL UNIVERSAL
domingo 18 de marzo de 2012 12:00 AM
A un lado quedaron los artículos 102, 103 y 104 de la Constitución Bolivariana. También fueron ignorados las normas 3, 5, 6 y 26 de la Ley Orgánica de Educación. Peor aún el Ministerio de Educación obvió la opinión y experiencia de los millares de docentes de la Modalidad de Educación Especial con más de 30 años de experticia y la Conceptualización y Políticas de la Modalidad de 1997 para articular la reforma de la modalidad que está aplicando. En su lugar se tomó la santa palabra de los cubanos.
Así las cosas, sin consulta y bajo presión, de acuerdo al relato de docentes y directores, las Zonas Educativas imponen las ordenes emanadas por la Directora Nacional, Yelitza John. Ante el silencio oficial los maestros de Miranda, Cojedes, Portuguesa, Lara y Falcón han levantado la voz y organizado, para cuestionar cambios que trastocarán décadas de experiencia y afectarán a miles de los niños que asisten a los centros especiales (ver anexo).
Reforma sin base
El 9 de marzo especialistas del estado Miranda entregaron un extenso documento a la ministra Miriam Hanson donde argumentan lo improcedente de la reforma y desmienten los supuestos del Ejecutivo para imponer su modelo. Le recordaron "que en los últimos 13 años no ha habido ningún avance" en los aspectos que cuestiona el Ministerio de Educación para justificar su plan.
En primer lugar le explican al Ejecutivo que las debilidades humanas y materiales son de su responsabilidad, y que la solución pasa por asignar "recursos que hagan posible la superación de estas carencias", y ofrecer programas de formación permanente para docentes y otros profesionales.
Con respecto al déficit de planteles que alega el Ministerio responden. "Sin embargo se plantea la desintegración de los Centros de Desarrollo Infantil, de Parálisis Infantil, Atención Integral para el Autismo, de Atención al Sordociego y de Rehabilitación del Lenguaje en los que se realiza evaluación diagnóstica, planificación individualizada y atención integral a través de un equipo interdisciplinario articulando la educación y la salud, bajo un enfoque humanista-social".
Caos institucional
Con relación al Centro Pedagógico, de Diagnóstico, Orientación y Formación para la Diversidad Funcional, institución que concentrará las funciones de los Centros de Desarrollo Integral (CDI) y equipos de integración, los docentes advierten que "implica abarcar una población más numerosa (0 a 18 años) bajo la responsabilidad de un sólo equipo".
Situación afectará la calidad de la atención de cada niño así como la capacidad de las unidades operativas que se quedarán sin personal, máxime cuando ya hay déficit. Más grave aún es la eliminación de los otros centros "hay un vacío con respecto a las funciones, que al parecer, no serán asumida por el nuevo Centro como es la atención directa a la población".
Otra objeción se refiere al futuro de los docentes y especialistas que serán reubicados en las escuelas de Educación Inicial y Primaria "sin definir operatividad y cómo se abordará la atención de las distintas necesidades en el aula".
En el documento se cuestiona el "ambicioso" plan del Ministerio de Educación para que un solo equipo asuma el diagnóstico, respuesta educativa, oriente a los docentes y garantice seguimiento, ingreso y egreso de los estudiantes. Cuando el trabajo con niños exige competencias diferenciadas para niños recién nacidos, lactantes mayores, preescolares, escolares y adolescentes.
Cuestión de dinero
"Los cambios en la Modalidad de Educación Especial responden a una razón económica. Los centros de atención, en sus diversas especialidades, son costosos. Entonces el Gobierno opta por desarticularlos y concentrar sus operaciones en un megacentro que no brindará la asistencia que requieren esos niños y jóvenes".
Así responde tajante el director de la Memoria Educativa Venezolana, Luis Bravo Jáuregui, al evaluar la propuesta oficial. A su juicio, se pretenden mezclar diversas condiciones para abaratar costos.
"En 13 años el Gobierno no ha hecho nada y ahora responde con una reforma economicista y no pedagógica. Se trata de cantidad no de calidad".
Olvidan la atención temprana
Los maestros del CDI Divino Niño en Acarigua (Portuguesa), donde reciben atención 1.100 párvulos en su mayoría de pocos recursos, también enviaron un documento a la Zona Educativa en el cual preguntan "¿Por qué la propuesta no fue abiertamente consultada y así conocer la opinión de docentes, padres, y representantes? ¿Dónde y cómo recibirán la atención integral temprana que en la actualidad reciben los niños de 0 a 3 años y los de 3 a 6 años que no han sido escolarizados?".
Los docentes le recordaron al Ministerio que la atención temprana es fundamental para que los niños puedan minimizar su discapacidad debido a que la plasticidad del cerebro permite atender las alteraciones.
Advierten que la eliminación de la estructura implicará un esfuerzo extra para los padres que deberán acudir a diversos sitios para recibir la atención que antes recibían en un lugar.
Realidad de los años 60
La comunidad del CDI San Carlos (Cojedes) también se pronunciaron y su principal cuestionamiento, después de coincidir con sus colegas de Miranda y Portuguesa, es que el diagnóstico del Ministerio está anclado en la década de sesenta. Modelo que fue superado en la Ley de Educación de 1980 y de las políticas diseñadas en 1997.
"El diagnóstico que se nos presenta no coincide en lo absoluto con la realidad actual de nuestro estado y nos atrevemos a decir que de ninguno del país (...) Cada día nos alejamos de ese modelo abriendo caminos a la integración de las personas con diversidad funcional en los espacios más normalizados como el preescolar y la escuela regular".
Los planteamientos no han tenido eco en el Ministerio de Educación. Las respuesta del funcionariado, según los docentes, han sido "la reforma va y punto".
RECLAMO SINDICAL
• La reforma de la modalidad también viola el contrato colectivo del magisterio en cuanto a las condiciones laborales de los maestros.
• En tal sentido, los dirigentes de las federaciones firmantes del contrato, siete en total, acordaron activar acciones para exigir al MPPE que se ajuste a las leyes.
• A través de la Junta de Diálogo Laboral y Académico los dirigentes sindicales acordaron solicitarle una cita a la ministra Hanson para que suspendan las reformas y convoque a los sindicatos para explicarles los alcances de las reformas que vienen adelantando.
• Los sindicatos advierten que se está violando el derecho a la estabilidad del personal que labora en estos centros. Advierten que se transgrede el artículo 81 de la Constitución al no tomar en cuenta la participación de las familias educadores, personal obrero, administrativo y organizaciones sindicales y sociales.
• Se viola la Ley Orgánica de Educación porque aún no se ha redactado la Ley Especial que debe regir la modalidad, tal como está en las disposiciones de la LOE aprobada en 2009.
gmendez@eluniversal.com
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