MUD pagará la multa a regañadientes

Tal Cual

Albanes denunció que penalidad fue "desmesurada" porque el TSJ no comprobó desacato a la ley A pesar de que la legislación establece 30 días para pagar, el TSJ redujo el lapso tan solo a cinco días

MARISELA CASTILLO APITZ

Denunció al TSJ por violar el derecho a la defensa y el debido proceso ARCHIVO

Teresa Albanes, presidente de la Comisión Electoral de las Primarias (CEP), pagará la multa que el Tribunal Supremo de Justicia le impuso por ordenar la quema de los cuadernos electorales que se usaron en las primarias convocadas por la Unidad. Esta sanción fue impuesta a pesar de que el Consejo Nacional Electoral, máxima instancia en asuntos electorales en Venezuela, había aceptado la destrucción de los cuadernos 48 horas después de los comicios. Aún así, el TSJ multó a Albanes con 15.200 bolívares.

El dinero saldrá de la contribución voluntaria de las personas que quieran colaborar "en una cuenta que ya fue anunciada" y tendrá que ser cancelada el viernes 2 de marzo. Ayer la Mesa de la Unidad anunció que la recolección de fondos culminó "por haber superado con creces la meta".

La presidente de la CEP denunció que aunque la legislación establece 30 días para pagar, la Sala Constitucional redujo el lapso a cinco días. "Nos han colocado en la difícil situación de pagar este viernes la multa. Hemos decidido cancelarla porque queremos dar el mensaje de que era nuestro deber preservar la identidad de los electores y exigimos el respeto de las normas que aplicaron en las primarias y los resultados que fueron reconocidos por el CNE y ampliamente ratificados", afirmó Albanes.

Denunció que el TSJ violó derechos establecidos en la Carta Magna porque no fueron escuchados por la Sala Constitucional antes de imponer la sanción y además, "se ha vulnerado el debido proceso porque se ha impuesto la multa sin que haya sido resuelta nuestra oposición a la medida cautelar del 14 de febrero, mediante la cual se nos ordenó la entrega de los cuadernos de votación en un lapso no mayor de 24 horas al Poder Electoral, y se ordenó al general Rangel Silva garantizar su resguardo y hacerlos llegar a las oficinas regionales del Poder Electoral".

A su juicio esta multa "fue desmesurada" porque la propia Sala no ha podido comprobar que hubo un desacato a la ley. Agregó que los presidentes de las juntas regionales de Primarias procedieron a quemar los cuadernos porque, para el momento, no había impugnaciones y desmintió que la quema haya sido clandestina.

Recordó que el CNE conoció todo el proceso de las elecciones primarias y aceptó las reglas que desde la Unidad se acordaron para garantizar el secreto al voto, teniendo en cuenta que en Venezuela hay antecedentes como la Lista Tascón y Maisanta mediante la cual se segregó a los venezolanos por razones políticas.

TRANQUILIDAD PARA EL ELECTOR

A las juntas regionales nunca llegó la orden, ni siquiera a destiempo, para detener la quema de los cuadernos ARCHIVO

A pesar de aceptar pagar la multa, Albanes aseguró que el objetivo de resguardar la identidad de los electores se cumplió. Explicó que una de las razones para aceptar el pago de la sanción fue resaltar que se preservó la identidad de los electores y como respaldo al reglamento de las primarias. "Nos mantenemos firme en el hecho de que era nuestro compromiso resguardar las identidades de las personas que participaron", dijo.

Albanes recordó que el TSJ nunca explicó por qué la Sala Constitucional mandó a retener los cuadernos a escala nacional si la demanda presentada por Rafael Velásquez, ex candidato del municipio Bruzual de Yaracuy, solo hacía referencia a una localidad en específico.

Por otro lado, aseguró que no le consta que el presidente Hugo Chávez haya llamado a la presidente del CNE, Tibisay Lucena, para comunicarle su inconformidad por las reglas que el mismo Poder Electoral había aceptado, pero indicó que "todos los venezolanos hemos estado preocupados por la falta de división de poderes" en Venezuela.

PRÓXIMOS PASOS

El abogado defensor de Teresa Albanes, Manuel Rojas Pérez, explicó que siguen a la espera de la respuesta por parte de la Sala Constitucional en relación al reclamo de la multa y la medida cautelar que introdujeron en contra de la sentencia que ordenaba suspender la destrucción de los cuadernos. Además, indicó que solicitaron que el TSJ aclare por qué redujeron el lapso para cancelar la multa y el procedimiento en que se debe pagar la misma.

Explicó que la Sala Constitucional no tiene competencia en este caso sino los tribunales del municipio de Yaracuy y que lo correcto era que el TSJ declarara su incompetencia en el caso porque era de relevancia municipal.