La contaminación del río Guarapiche generó roces entre el gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, y la dirección del PSUV | JUAN FUENTES
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
domingo 4 de marzo de 2012 12:00 AM
"Al ver que las respuestas eran sospechosamente lentas, se le consultó al señor Reinaldo López, quien estaba de guardia por operaciones, cómo iba el proceso de cierre de pozos y con lágrimas en los ojos dijo que no podía más".
Esa narración forma parte de un memorándum que remitió el Gerente de Proyectos Mayores División Furrial de Petróleos de Venezuela al Comité de Investigación de la empresa, sobre el derrame de crudo que contaminó el río Guarapiche en el estado Monagas. El documento, firmado por Edgard Jayaro, deja en evidencia que fallas internas obstaculizaron la aplicación del plan de contingencia.
El presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria (UNT-Aragua), consignó este informe ante el Ministerio Público, con el fin de que se castigue a los responsables del desastre ecológico. "El derrame fue mayor por la no activación del plan contingencia", subrayó Gaviria, quien enfatizó que la Ley Penal del Ambiente impone sanciones administrativas y "hasta cárcel" a los culpables de hechos de este tipo.
SMS y SOS
El memorándum recoge mensajes de textos enviados por gerentes, técnicos y directivos de la industria, una vez se reportó el accidente a las 7:20 de la mañana del 4 de febrero.
Un fragmento del pliego revela: "los operadores de guardia manifestaron que estaban de manos atadas porque a cada orden de cierre (de pozos), recibían una contraorden para que no cerraran". Más adelante, precisan que en la tarde del 4 de febrero jerarcas de Pdvsa preguntaron por qué no habían cerrado la producción de petróleo "y recibieron dos respuestas: primero, la del Gerente de Guardia por la División, indicando que había dado reiteradamente la orden de cierre de producción, desde las 8 de la mañana y no le habían hecho caso, y la otra de parte del señor Anolfi González, quien dijo que no podían cerrar toda la producción porque iba a ocurrir lo mismo que pasó durante el paro petrolero, requiriéndose más de 20 días para restaurar la producción".
De acuerdo con el relato, a las 8 de la mañana del 4 de febrero ya el Gerente de Proyectos Mayores División Furrial había advertido a José Merchán, identificado como "gerente general y máximo líder de la División Furrial", que "la situación se nos había escapado de las manos y que debía cerrarse toda la producción".
Ni uno ni otro
Gaviria afirmó que la negligencia de estos funcionarios hizo que el derrame se extendiera "por más de 24 horas". El parlamentario agregó que "estos oleoductos tienen válvulas automáticas que se cierran con la disminución de la presión; sin embargo, las válvulas no funcionaron. Dicen que fueron sustraídas y no repuestas a tiempo. Igualmente, también hay válvulas manuales que tampoco fueron activadas".
El legislador recalcó que "allí tiene que haber unos responsables", y se preguntó por qué los gerentes y directivos que fueron informados oportunamente no intervinieron "con la rapidez que ameritaba el caso".
FALTA DE MANTENIMIENTO
El presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria (UNT-Aragua), consignó ante la Fiscalía un informe técnico realizado en febrero de 2006 por el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, titulado: "Evaluación de daños presentados en tres secciones del oleoducto Jusepín-Orocual".
El documento concluye con tres recomendaciones, entre las que destaca la realización de una inspección de toda la tubería.
Gaviria consideró que "ese informe evidencia que no hay una política de mantenimiento en ese oleoducto", pues a aquel accidente de 2006 le sucedió ahora el derrame del 4 de febrero.
El parlamentario sospecha que la gerencia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha olvidado su obligación de preservar las instalaciones de la empresa. "Ser un país petrolero no quiere decir que estemos condenados a sufrir derrames", acotó.
Por último, Gaviria anunció que por unanimidad la Comisión de Ambiente decidió convocar para el próximo miércoles al presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, y al ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher, para que expliquen lo ocurrido en Monagas y las medidas que tomarán al respecto. PPP
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