El presidente de Coracrevi dice que el comodato obliga al titular del gremio a asumir los pasivos
EDUARDO LUGO
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Coracrevi no sabía que existían organizaciones sindicales en Inaesín RENIER OTTO/TALCUAL |
El también abogado explicó, con documentos en mano, que existe un contrato de comodato firmado entre Coracrevi y Jesús Urbieta, presidente de Inaesin, que fue notariado con fecha 6 de marzo de 2006.
Señaló que el documento establece las condiciones por las cuales se rige el contrato y dijo que la cláusula quinta obliga al comodatario a llevar los gastos administrativos.
"La esencia del contrato de comodato es la gratuidad, no se paga ningún canon de arrendamiento porque es gratuito. Pero los gastos de mantenimiento le corresponden al comodatario porque así se estableció".
Indicó que Coracrevi no tenía conocimiento acerca del funcionamiento de organizaciones sindicales en la sede de Inaesin, ya que no hay un documento escrito acerca de ello.
"Jesús Urbieta dejó acumular una deuda de condominio por un lapso de 10 meses. Ya la deuda va por 100 mil bolívares y eso tiene un promedio de 6 mil mensuales porque cada mes crece el monto de la deuda".
Apuntó que Coracrevi fue notificada ante la tardanza de pagos el día 27 de julio de 2011 por la Administradora Yuruari (encargada del condominio). Espinoza dijo que después se le envió una comunicación a Urbieta donde se le conminaba a que se pusiera de acuerdo con la Administradora Yuruari con la intención de establecer un convenio de pago.
Sin embargo, el abogado sostiene que el presidente de Inaesin indicó en una misiva el 16 de agosto de 2011 que Coracrevi debía asumir el gasto de los pasivos en el condominio por problemas económicos de Inaesin.
El jurista afirmó que Coracrevi no está en la capacidad de cancelar los 100 mil bolívares de condominio. Manifestó que un consejo de administración, con base en sus facultades, acordó el 31 de agosto de 2011 con un acta protocolizada, la desocupación de las oficinas, arrendarlas o venderlas.
"Yo creo que hacer una campaña mediática parcializada para intimidar a las autoridades de Coracrevi y al juez que tomó la decisión, constituye un acto de terrorismo mediático. El verdadero problema de acá es estrictamente económico y jurídico, no político".
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