Tal Cual
LIMITAR LAS POSIBILIDADES DE REELECCIÓN DE TITULARES DE CARGOS EJECUTIVOS.
Una de las enmiendas o reformas constitucionales que deberá ser propugnada al recuperar o alcanzar un contexto democrático es la de fijar límites a las posibilidades de reelección de los titulares de cargos ejecutivos.
La actual regulación, fruto de la enmienda constitucional del 2009, que permite la reelección indefinida o continuada del Presidente de la República, y de los Alcaldes y Gobernadores, atenta gravemente contra la alternabilidad y el pluralismo democráticos.
La introducción de modificaciones en la Constitución no ha de ser asumida como el reto primero y principal del nuevo gobierno. Pero la limitación de la reelección debe ser un objetivo de mediano plazo presente desde el comienzo entre los lineamientos programáticos de la Unidad.
SUPRIMIR LAS BARRERAS ILEGÍTIMAS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL.
En los últimos años se han impuesto leyes, actos y prácticas inconstitucionales que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos.
Pese a que su revisión escapa del campo de atribuciones del Presidente de la República, desde esta alta magistratura pueden promoverse iniciativas dirigidas a corregir tales vicios.
El nuevo Presidente de la República debería requerir a los órganos del poder público que consideren carentes de efectos las sanciones de inhabilitación política dictadas por la Contraloría General de la República, así como actuar en consonancia en su propia esfera orgánico-funcionarial, si es que antes ello no ha ocurrido en virtud del obligado acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto.
Deberá reformarse toda normativa reglamentaria que sujete el ejercicio de la participación política o social a la adhesión a una determinada ideología o doctrina de partido. Esto es particularmente importante respecto de los consejos comunales y su registro.
Por vía de reforma reglamentaria debe no sólo suprimirse todo requisito asociado a la identificación con una ideología determinada sino también optarse por una reinterpretación de las correspondientes disposiciones legales que las haga compatibles con la Constitución, reemplazando la alusión a tal ideología por conceptos constitucionales como el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y la promoción y defensa de los derechos humanos.
Deberá presentarse ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Referendos, que deliberadamente ha sido eludido por la mayoría oficialista en esta instancia, lo cual se ha traducido en un impedimento para la activación popular de este mecanismo.
Deberán presentarse proyectos de ley que supriman la facultad del Contralor de imponer inhabilitaciones políticas, si con anterioridad no se ha promulgado la reforma correspondiente, y que despojen a las leyes vigentes de la sujeción ideológica que se ha desplegado normativamente en los últimos años. Estas y otras tareas de reforma legislativa no necesariamente tendrían que originarse en una iniciativa presidencial formal, sino que serían expresión de un trabajo coordinado con los Diputados de la Unidad ante la Asamblea Nacional.
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