Benedetti explicó que se debe instalar con urgencia otra batería de bombas del trasvase. (Foto Archivo)
El Carabobeño
El diputado Germán Benedetti denunció que "el Gobierno Nacional no comprende aún la gravedad que significa haber permitido el crecimiento del nivel del Lago de Valencia en más de 3,30 metros en menos de dos años", cuya cota se ubica hoy día en 412,70 metros sobre el nivel del mar (msnm), sobrepasando la cota de seguridad fijada en 410 por el mismo Ministerio del Ambiente.
Benedetti, quien integra la fracción de Proyecto Venezuela ante el Consejo Legislativo del Estado Carabobo (CLEC), indicó que este incremento por encima de la cota máxima, repercutió en que parte de las lagunas de oxidación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicada en Los Guayos, quedaran sumergidas bajo cloacas.
Ante esta situación, Benedetti explicó que se debe instalar, con urgencia, otra batería de bombas del trasvase de 5600 litros por segundo (lps) desde el Canal de Salida de la planta Los Guayos, antes de que las existentes queden totalmente inundadas bajo los 14000 lps de aguas contaminadas que son descargadas al lago, reseñó una nota de prensa.
"Tiempo suficiente ha tenido el Gobierno Nacional para ejecutar estas obras menores en los últimos dos años, desde que Proyecto Venezuela inició formalmente las denuncias de contaminación del Embalse Pao Cachinche en Enero del 2010. No obstante, hasta el día de hoy, ni siquiera presupuestaron esas obras pendientes para ejecutarlas, por lo menos, el próximo año", lamentó Benedetti.
El diputado advirtió que, en caso de detener en el corto plazo el trasvase Los Guayos-Pao Cachinche, el incremento del caudal del Lago de Valencia se triplicaría inmediatamente, generando inundaciones y afectaciones irreversibles en al menos diez municipios de Aragua y Carabobo.
Respecto al Estado Mayor Presidencial creado para atender la contingencia, reclamó que desde que fue conformado hace dos meses, aún no informa los paliativos que accionará para detener el crecimiento del Lago de Valencia y, ante este silencio, más de 10.000 familias que ya se encuentran perjudicadas, no tienen conocimiento sobre su destino.
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