foto | DANIEL PÉREZ
| Representantes del Colegio de Médicos del estado Aragua aseveraron que se mantendrán atentos al caso para que se haga justicia |
El doctor Ramsés Milano, vicepresidente del CMA, acompañado de Janeth Cardozo (tesorera), señalaron que la información sobre este procedimiento fue aportada por los familiares, quienes al igual que todo el gremio esperan que la balanza de la justicia se incline a favor de los galenos.
No obstante, Milano señaló que hay indicios de que “hay una intención franca y política, en ciento por ciento, para detener a tres cabezas de familia, profesionales, que se han dedicado a dar salud al pueblo aragüeño”.
Recordaron que por el caso del infortunado fallecimiento se tomaron acciones legales, “porque fueron consentidas por las autoridades”, pero no fueron justas, porque se violaron en ese momento todo el debido proceso y el derecho procesal, señaló.
“Se crearon -dicho por nuestros abogados- delitos fantasmas. Fantasmas, porque no se puede calificar homicidio culposo con dolo eventual a dos colegas que son administrativos que estaban en sus casas y segundo a un médico que dejó de realizar sus labores familiares para atender el paciente que infortunadamente fallece”. Ante estas arbitrariedades, el gremio se une una vez más para rechazar que sólo se diera una recapacitación parcial con la medida cautelar a las doctoras Vanilde Rivas y Carmen Navas (directora y la subdirectora médica del centro asistencial privado), mientras que el doctor Milton Hernández está pagando casa por cárcel, sin poder ejercer y sin dar el sustento a su familia.
En ese sentido, hace un llamado por una parte, a todas las escuelas de Derecho aragüeñas y a nivel nacional para que sigan el caso, porque consideran que está viciado como parte de una politiquería, ya que “tenemos conocimiento que muchos jueces se han inhibido de esta causa porque no existe delito (...) Este calificativo de homicidio culposo con dolo implica que los médicos no sólo ejecutaron un asesinato sino que lo planificaron”.
Además aseveró que es tanta la ilegalidad y la injusticia, que la Fiscalía tiene hasta 45 días para procesar el grado del calificativo y ya el 14 de diciembre se cumplen seis meses y la Fiscalía no ha solicitado el debido proceso para los galenos.
“No estamos pidiendo solidaridad automática sino justicia, el debido proceso, es verdad, pedimos que se revise la medida cautelar por un delito creado y exagerado con el veredicto que se dio”, reiteró.
Entre tanto, no dudarán en ir nuevamente a la calle y seguir las manifestaciones en contra de las injusticias y las penalizaciones erradas contra quienes no son unos delincuentes.
Estiman que para el próximo jueves, a partir de las 7:00 de la noche se haga una asamblea multitudinaria donde se afinarán otras actividades que serán informadas progresivamente.


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