Se maneja la idea de que indígenas y mineros harán una caminata a Caracas
EL UNIVERSAL
lunes 21 de noviembre de 2011 12:00 AM
Pequeños mineros, grupos indígenas y agrupaciones gremiales del sur del estado Bolívar, han rechazado los términos del decreto Ley que reserva al Estado la Exploración y Explotación del Oro, a través de concentraciones públicas, paros cívicos y la interposición de un recurso de nulidad de ese texto legal, ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Elan Romero, minero y vocero de la comunidad de Ikabarú, considera que esa Ley "es la muerte económica" para esa parcialidad territorial que subsiste por la actividad minera a pequeña y gran escala. "El Estado siempre se ha reservado el derecho a las fases de exploración y explotación de los yacimientos auríferos. Siempre ha sido así y eso no tiene discusión. Lo que nos alarma y angustia es el proceso de estatización" de ese segmento económico.
Dice que todas las organizaciones que hacen vida en los municipios El Callao, Tumeremo, Gran Sabana, Santa Elena de Uairén "tienen temores por el contenido de la Ley que entrará en vigencia el 16 de diciembre y a través de la cual, el Estado va a ejercer activamente la minería, desplazando a sus actores naturales, como son los mineros. El Estado quiere asumir el control de esa actividad, en todas sus etapas y aquel que no cumpla con esas aspiraciones -de migrar y asociarse en minoría con el aparato estatal- les serán tomados sus bienes. Esa es la muerte económica para nosotros".
Romero comenta, vía telefónica, que grupos de pequeños mineros e indígenas "se están organizando para ir en caminata hasta Caracas a protestar, tal como lo hicieron los indios bolivianos que se oponen a la construcción de una carretera" que parte en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure.
Aunque refiere que aún se desconocen los detalles de esa protesta, sostiene que extraoficialmente conoció que el ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) estaría estudiando la posibilidad de prorrogar por 180 días la vigencia del decreto Ley.
"Si esta versión es cierta, igualmente la rechazaremos", advierte. "No queremos una prórroga, lo que queremos es que se modifique esa Ley".
Historia propia
Elan Romero cuenta que Ikabarú es un pueblo de unos 200 mil habitantes que nació y se desarrolló en torno a la actividad minera. "Todos somos socios de las cooperativas allí existentes. Dimos nuestro patrimonio para sostener nuestro proyecto de vida".
"Ikabarú", argumenta Romero, "es un pueblo monoproductor, remoto, aislado. Si el Estado decide intervenirnos lo hará no sólo con la tierra y el oro, sino contra nuestras casas, nuestras cocinas, nuestros enseres, nuestros muebles, que lo hemos logrado con la minería". ML
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