Ley contra la Delincuencia Organizada viola derechos

Bayardo Ramírez cuestiona aumento de las penas y extralimitaciones

El proyecto de reforma que propone el chavismo incumple la convención de la ONU de 2000, afirmó el especialista | ENIO PERDOMO

PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
jueves 3 de noviembre de 2011 12:00 AM

El penalista Bayardo Ramírez elaboró en 2005 el proyecto original de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. "Pero al final, la Asamblea Nacional aprobó un texto mutilado", se queja quien fuera presidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid).

La semana pasada la AN aprobó en primera discusión la reforma a ese instrumento legal, ahora titulado: Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. "Pues bien, si en aquella oportunidad lo mutilaron, en este momento lo están descuartizando", protesta Ramírez, tras denunciar que la modificación propuesta por la bancada chavista viola los Derechos Humanos.

Pecado global

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) señala en su artículo 2 que "por 'grupo delictivo organizado' se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas". Sin embargo, el texto que revisa la AN habla de "dos o más personas". Ramírez observa que "están confundiendo agavillamiento con la delincuencia organizada transnacional". ¿Consecuencia? "Enjuiciarán a una persona por un delito que no ha cometido, aplicando una ley más severa que no otorga beneficios al condenado", alerta.

El experto cuestiona que en la reforma eliminen el control que hoy ejercen el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los agentes de operaciones encubiertas. "Si queda así, los policías actuarán por la libre", sostiene el abogado.

Ramírez critica que el chavismo no perciba "la ley como un sistema". Esta deficiencia, apunta el experto, habría empujado el incremento de las penas. "Creen que aumentando las penas resuelven el problema", fustigó el criterio del Gobierno de Hugo Chávez.

El profesor universitario llama la atención sobre otro peligro que se escondería en la reforma: "están confundiendo sospecha con evidencia". De sancionarse la norma, los llamado "sujetos obligados" (bancos, aseguradoras, casas de cambio, bingos, partidos políticos, etc.) tendrán que aportar datos confidenciales a organismos penales. Hasta la fecha, deben colaborar con las unidades de inteligencia financiera de sus órganos reguladores. "No puedes enjuiciar a una persona por sospechas, esto viola los DDHH", concluyó Ramírez.

ppenaloza@eluniversal.com