La registradora inmobiliaria de Girardot de Cojedes Carmen Julia Gutiérrez, al centro, es parte de los tomistas
EL UNIVERSAL
domingo 27 de noviembre de 2011 12:00 AM
Invasiones, expropiaciones y toma de tierras a la fuerza ha habido muchas y muy variadas en tiempos de revolución. Pero lo ocurrido en la finca El Socorro ubicada en el estado Cojedes no deja de asombrar. Al menos así lo vivieron quienes en la noche del 28 de octubre transitaban por la Plaza Bolívar del pueblo El Baúl, cuando observaron a un grupo de personas, quienes desde varios vehículos, lanzaban en plena plaza, varias maletas y numerosos enseres.
Luego se enterarían que se trataba de las pertenencias personales de varios de los trabajadores que vivían en la casa principal de la finca El Socorro, ubicada hacia las afueras de El Baúl, y quienes horas antes habían sido desalojados a la fuerza por grupos de invasores, de los predios donde trabajaron y vivieron durante muchos años. La acción había sido tan abrupta, que no les permitieron, al menos, recoger sus pertenencias.
Así pues, El Socorro, una finca ganadera y agrícola que se encontraba en plena producción, se sumó a los más de tres millones de hectáreas correspondientes a cientos de fincas productivas, que han sido ocupadas, expropiadas o invadidas, por distintos motivos.
Desde el año 2008, El Socorro había sido coto apetecido por diversos grupos de invasores y colectivos que operan en la zona. Antes de la toma ocurrida el pasado mes, esa finca fue objeto de dos invasiones lideradas por funcionarios de distintos entes de la zona. La primera de ellas fue en agosto de 2008, liderada por quien fuera la asesora jurídica del INTI en la región, Isabel Estrella Masabé. Esta abogada, en nombre de un grupo de colectivos, logró apoderarse de 1.100 hectáreas productivas en la zona de Los Pozos. La segunda invasión ocurrió en octubre de 2010, en la zona de Las Guacamayas, en las que el grupo se apoderó de otras 1.100 hectáreas. Esa toma estuvo encabezada por la registradora de Girardot, Carmen Julia Gutiérrez.
Esta tercera invasión fue liderada por el coordinador regional del Instituto Nacional de Tierras, Adolfo David Arenas, pero esta vez la toma abarca a de toda la finca, que incluyó la expulsión de 34 trabajadores, quedando en manos del grupo tomista, las cosechas de maíz, 2.500 reses y toda la producción de queso llanero que estaba lista para ir a los mercados. La abogada Isabel Masabé, invasora anterior, repitió la acción al lado de Adolfo Arenas. Cabe destacar que la directiva nacional del INTI, hasta el momento no ha autorizado dicha toma y ha manifestado que quienes allí se encuentran están violando las leyes.
La toma forzada
Narra Vicente Carrillo Batalla, presidente de la empresa INVEGA, propietaria de la finca El Socorro que inicialmente, el 31 de agosto, se presentó en la finca un grupo de unas 50 personas encabezadas por Adolfo David Arenas, quien es el coordinador de la Oficina Regional de Tierras del INTI en el estado Cojedes. Los tomistas irrumpieron en la propiedad alegando que estaban en un "procedimiento de rescate" del Hato El Socorro. Le informaron al personal que allí labora que a partir de ese momento tomaban posesión y control absoluto del hato. En una asamblea de tomistas, el líder Adolfo Arenas les dijo que la finca estaba tomada y que iba a ser entregada al pueblo y que a partir de ese momento eso era de ellos. Que todo lo que estaba allí iba a ser para ellos. Hacia el final de la tarde, el abogado de la compañía de Inversiones Venezolanas Ganaderas (INVEGA) Gonzalo González, reunió al personal de la empresa y les informó que hasta el momento, INVEGA mantenía pleno control y posesión de la unidad de producción agropecuaria, y que el personal continuaría trabajando bajo la dirección de la compañía.
La gerencia de la empresa se reunió con los tomistas y les planteó que hasta tanto no llegase el acto administrativo que acreditase la autoridad de ellos y convalidase la toma, la empresa no iba a suspender la labor normal, indispensable para mantener el curso de la producción.
Los tomistas se instalaron en un patio de la casa y allí formaron un campamento. La gerencia les solicitó que tuviesen una actitud pacífica, de colaboración en el sentido de no impedir el trabajo de quienes allí laboran, que no pretendían ejercer ningún tipo de violencia en contra de ellos. Por el contrario, recuerda Carrillo, se les permitió que hicieran uso de los baños de la casa. Se les dieron algunas facilidades para preparar café y comida. "Es decir, intentamos establecer una relación cordial".
La situación se mantuvo durante varias semanas y el día 7 de septiembre los administradores de la finca fueron recibidos por el Directorio Nacional del INTI en Caracas quienes les concedieron un derecho de palabra.
En uso de ese derecho, la gerencia les presentó el plan de actividades que realizaba El Socorro para el momento. Una vez entregada toda la información, el INTI ordenó la realización de una inspección en el hato de manera que el organismo pudiese verificarla con sus técnicos. Esa comisión estuvo allí entre los días 23 y 27 de septiembre. De allí salió un informe técnico que fue consignado en el directorio del INTI.
Situación antes de la toma
En el informe presentado por la gerencia de INVEGA, se le informó al INTI, que al momento de la toma habían 400 hectáreas sembradas de maíz, de las que estimaban recoger 2.200 toneladas. Un rebaño de 220 búfalas que está produciendo queso blanco llanero, más un rebaño de 2.500 cabezas de ganado. Están produciendo 500 hembras F1 que son para ordeño de alto rendimiento en el trópico para producción de lácteos.
Se destaca en el informe el trabajo que hace la finca sobre el "corredor biológico del jaguar", un área muy extensa, que es hábitat de ese animal en extinción. Además está el trabajo sobre el "área bajo régimen de protección especial" (ABRAE) que es una extensión bastante grande dentro de El Socorro. Se trata de una zona que tiene usos limitados por una normativa ambiental que establece un uso muy limitado, en la que no se pueden desarrollar actividades sustentables como siembra y cría.
En cuanto a la conservación ambiental se presentó un proyecto científico, que se está desarrollando con la Universidad del Zulia, autorizado por el Ministerio del Ambiente, para estudio de especies, en el que se investiga cómo es el hábitat del jaguar, sus costumbres, hábitos reproductivos, la zona donde se distribuyen, dado que dentro del hato está una extensión muy grande del corredor biológico de esa especie.
También fue consignado el plan de desarrollo para los próximos años, en el que se pretende intensificar la producción.
Los colectivos y la toma
Varios colectivos agropecuarios de la zona habían acompañado al coordinador del INTI en la primera toma de agosto. Sin embargo la mayoría de ellos se apartó de tal acción al comprobar que la toma liderada por Adolfo Arenas no estaba respaldada por ningún documento oficial de expropiación.
El 28 de octubre se produjo una segunda toma, pero esta vez con mayor violencia y los tomistas llegaron armados y expulsaron a todos los trabajadores que allí se encontraban. El único documento esgrimido por los tomistas fue una Constancia de tramitación, con fecha del 27 de octubre, firmada por el propio Coordinador Regional del INTI Adolfo Arenas. Según explica la abogada de INVEGA, Desirée Rodríguez, se trata de una carta que emite la ORT del INTI de Cojedes, para dejar constancia que se está tramitando un procedimiento administrativo de derecho de permanencia. Ello no representa un acto definitivo que puede concluir en que se le niegue esa solicitud de permanencia. Eso ni siquiera fue presentado en el momento de la toma sino tiempo después cuando un tribunal realizó una inspección ocular. En esa tramitación ni siquiera estaban identificadas las personas que participan en la invasión. Lo más grave, señala, es que las tierras tomadas incluyen las zonas bajo régimen especial.
Luceida Chacón quien preside el colectivo "La Tienda de Dios" explicó a El Universal que el coordinador regional del INTI los había convocado e informó que el hato El Socorro iba a ser expropiado e incorporaron a varios colectivos en la toma del hato. Sin embargo al darse cuenta que no había ninguna medida legal, el pasado 28 de septiembre se trasladaron a Caracas donde fueron recibidos por el directorio ejecutivo nacional del INTI, ante el que expusieron las acciones llevadas adelante por Arenas en Cojedes.
Los directivos del INTI les informaron que esa acción no estaba respaldada por el INTI y que esas personas estaban "en calidad de invasores", por lo que les recomendaron que salieran o podían ser imputados por invasores. De modo que un grupo de colectivos optó por salirse de la toma y restablecer conversaciones con la directiva de INVEGA, con los cuales se habían adelantado varios proyectos para la producción agrícola y cría de animales.
Señala Carrillo Batalla, presidente de INVEGA, que se organizaron mesas técnicas de trabajo para buscar alternativas y entendimiento con varios colectivos, con el objetivo de establecer un programa de producción que sea autosustentable. Explica que desde hace tres años vienen trabajando con un Consejo Comunal que tiene un fundo zamorano, que se llama Quebrada de Agua, en el Baúl. Indica que esa relación ha sido provechosa para ambos. Los han apoyado con programas de producción animal, apoyo veterinario, asesoría técnica y manejo de rebaños. Debido a lo exitoso de esa relación, se está tratando de replicar esa experiencia con los colectivos organizados de El Baúl. Algunos de esos colectivos formaron parte de las personas que acompañaron a Adolfo David Arenas en las invasiones en El Socorro. De allí que luego de la exhortación que hiciera el directorio Nacional del INTI para que trabajasen juntos, se hicieron esas mesas técnicas y se elaboraron propuestas que luego fueron presentadas por los colectivos al Directorio Nacional del INTI.
Denuncia Vicente Carrillo ya comenzaron los saqueos en la finca y temen por el destino de las 2.500 reses, de los búfalos y la producción de queso que estaba almacenada.
Cabe destacar que la mayoría de quienes integran esos colectivos, son personas con experiencia agrícola y ganadera, que trabajaban en el expropiado hato El Piñero y que fueron despedidos luego de la expropiación.
Explica Luceida Pacheco que algunos de esos ex trabajadores poseían ganado que pastaban en los predios de El Piñero y al ser despedidos tuvieron que sacar sus reses y pastorear a las orillas de la carretera nacional. Ahora se encuentran ante la espera de encontrar una solución que les permita trabajar. Agrega la representante del colectivo La Tienda de Dios, que el Piñero, llamado ahora Florentino, ya no tiene la intensa actividad que antes se desarrollaba y que nadie conoce exactamente lo que hacen allí.
twitter: @folivares10
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