foto | NÉSTOR VELÁSQUEZ
Familiares de la estudiante de Medicina exigieron justicia |
En primera instancia, los familiares de Angelí Silva (21) estudiante de Medicina de la UC asesinada el pasado fin de semana en la urbanización El Recreo, se apostaron en los tribunales para exigir que se castigue con el mayor peso de la ley a Luis Escalante, quien presuntamente dio muerte a la joven tras originarse una discusión entre ambos. Valmore Silva, tío de la víctima, destacó que Luis Escalante al parecer asesinó a su sobrina el pasado viernes en horas de la madrugada, incluso viajó hasta la playa y enviaba mensajes de texto desde el teléfono celular de Angelí Silva, indicando que se encontraba en perfectas condiciones y haciéndose pasar por ella.
Silva comentó que aparentemente el presunto autor material del hecho pudiese quedar en libertad: “Por lo que podría huir del país. Por eso estamos aquí, porque no lo vamos a permitir. Queremos que haya justicia y que esta muerte no quede impune”.
De manera extraoficial, se pudo conocer que ayer se celebró la audiencia especial de presentación a cargo de la fiscal en flagrancia Rogerys Camejo, quien imputó a Luis Escalante por la presunta comisión del delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, según lo establecido en numeral 1 del artículo 406 del Código Orgánico Procesal Penal.
Seguidamente la jueza de Primera Instancia en funciones de Control, Magaly Guadalupe Nieto, dictaminó la medida privativa de libertad contra Luis Escalante, por lo que será recluido en el Internado Judicial Carabobo, mejor conocido como Penal de Tocuyito.
Solicitan inhibición de jueza
Por otra parte, en las afueras del Palacio de Justicia se presentó otro grupo de familiares en solicitud a la inhibición de la Juez Noveno de Primera Instancia en funciones de Control, a cargo de Iliana Valbuena, pues según alegaron se han presentado “vicios” en el proceso contra Hugo Rafael Jiménez, quien supuestamente dio muerte a Gerardo Meza (46) el pasado 19 de diciembre de 2010, en la urbanización Nueva Esparta del municipio Naguanagua.
Finalmente, algunas personas también se dirigieron a la sede de los tribunales, en rechazo a la imputación del delito de invasión contra dos líderes de unas cooperativas, tras ocupar terrenos en Campo Solo de San Diego. Aseguraron que los terrenos ocupados por estas personas no son privados y por el contrario, pertenecen al Estado.
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