Más de 35 multinacionales explotan minas en la zona en reclamación
REYES THEIS | EL UNIVERSAL
lunes 10 de octubre de 2011 12:00 AM
Los permisos que el Gobierno de Guyana ha entregado en forma masiva en el territorio Esequibo están afectando a las comunidades indígenas de la zona, cuyos integrantes, según la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son venezolanos por nacimiento.
Un informe elaborado en 2002 por The North-South Institute, una organización no gubernamental canadiense dedicada a promover la justicia social, señala parte de las calamidades que vive la población originaria de esa zona.
Destrucción de cultivos, profanación de sus sitios sagrados, erosión del suelo, contaminación del agua y abusos a mujeres indígenas son parte de las injusticias a que son sometidas las etnias, según el informe.
El reporte fue producto de cuatro consultas a comunidades en la zona en reclamación, donde está casi toda la población indígena del territorio que hoy la República Cooperativa de Guyana considera suyo.
Las calamidades
Denis Canterbury de la Universidad de Guyana sostiene que los indígenas en esa zona están severamente afectados por las minas en términos lingüísticos, sociales y económicos".
"Estos efectos incluyen la disminución y desaparición de la pesca, cultivos y dialectos, la aparición de nuevas enfermedades como el Sida, inundaciones, y contaminación de ríos", señala el informe.
Añade que en algunas ocasiones "las personas indígenas son consideradas ocupantes ilegales en su propia tierra" y son víctimas de racismo velado y de explotación cuando se integran a trabajar en las minas.
Ante esta realidad el Gobierno de Guyana ha desarrollado algunas iniciativas legislativas, orientadas a organizar las comunidades de esta población.
Según un reporte de la Oficina de la Presidencia guyanesa durante mayo del año pasado los indígenas representaban el 9,1% de la población de ese país y son los dueños de aproximadamente el 13,9% de la tierra, no obstante, la distribución geográfica donde ellos se encuentran coincide con las zonas donde se está entregando la mayor cantidad de licencias para explorar o explotar minas, sobre todo de oro. Esa zona es en el territorio que Venezuela reclama como suyo y sujeto al Acuerdo de Ginebra de 1966.
La Presidencia guyanesa dice que existen 96 villas indígenas con títulos de sus tierras, pero el reporte de la ONG canadiense contabilizó en 2002 más de 35 compañías multinacionales que operan minas, muchas de ellas donde han habitado ancestralmente las etnias.
La forma irregular como los distintos gobiernos guyaneses han asumido el problema de las etnias indígenas (a quienes llaman amerindios) han sido además de conocimiento internacional. En su libro "La Venezolanidad del Esequibo", el general (r) Oscar José Márquez cita a un consultor jurídico del Banco Mundial quien señaló en 1995: "Cada informe que ha llega a conocimiento del que suscribe ha dedicado espacio a la mayor cuestión económica, política y psicológica que se plantea hoy día a los amerindios: la interrelación de ausencia de derechos territoriales estatutarios con título, y la conducta cada vez más agresiva de las empresas mineras nacionales e internacionales".
Por su parte, el expresidente de la Comisión de Ambiente del antiguo Senado de Venezuela y autor de las normas sobre ambiente y desarrollo sustentable de la Constitución Venezolana de 1999, Alexander Luzardo, señala que Guyana "debe respetar los recursos hídricos y la biodiversidad que se encuentran presentes en la zona en reclamación del Esequibo, que forman parte de las ultimas fronteras forestales del planeta, las cuales pueden ser arrasadas por las actividades mineras, petroleras y forestales que vienen promoviendo el Gobierno de la República Federativa de Guyana, en abierta violación de los convenios internacionales particularmente la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas así como también el Acuerdo de Ginebra suscrito con Venezuela".
Pero además del territorio y los recursos naturales que están allí presentes, es tarea del Gobierno de Venezuela velar por el respeto a la población esequibana ya que son considerados venezolanos, tanto así que el Estado les otorga cédula y pasaporte del país. Además, la Constitución de la República en su capítulo VIII desarrolla ampliamente los derechos de la población indígena.
ARROZ PARA VENEZUELA
Guyana proveerá a Venezuela más de 70 mil toneladas de arroz por un valor de 54 millones de dólares.
La versión digital del diario Guyana Chronicle refleja la firma del contrato que suscribieron el ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, y el embajador de Venezuela en ese país, Darío Morandy.
Persaud destacó que el acuerdo con Venezuela es el de mayor importancia que se ha alcanzado con el gobierno de Hugo Chávez y representa, a su vez, el más grande que ha obtenido ese país con algún otro socio en la comercialización de ese rubro.
Reveló el ministro guyanés que el precio ofrecido por Venezuela es más alto que el manejado en el mercado internacional del arroz. Asimismo, destacó que la plaza venezolana representa un destino confiable y estable para los productores guyaneses frente a las fluctuaciones del comercio internacional.
Este acuerdo logrado entre ambas naciones es el cuarto firmado por los gobiernos de Venezuela y Guayana para la comercialización de arroz guyanés en territorio venezolano.
De acuerdo a la nota, el pacto comercial se firmó a razón de 50 mil toneladas de arroz paddy, a $520 cada tonelada métrica; y 20 mil toneladas de arroz blanco; a $800 la tonelada métrica.
El convenio incluye 21 mil toneladas del acuerdo anterior firmado entre las partes, que se encuentran en tránsito.
El ministro guyanés agradeció el apoyo que la canciller de su país, Carolyn Rodrigues, dio a esta negociación durante la reunión que sostuviera recientemente en Puerto España, Trinidad, con su par venezolano.
CRONOLOGÍA DE LA CONTROVERSIA POR LA PETICIÓN DE GEORGETOWN
• El 13 de septiembre de 2011 ElUniversal denuncia que el Gobierno de Guyana pretende extender su dominio marítimo al solicitar ante la ONU una extensión de su plataforma continental de 200 millas náuticas a 350. "Guyana ha actuado de acuerdo a sus intereses y ha actuado para asegurar que en un futuro tenga la base legal para su beneficio y proteger sus derechos", señala un comunicado de la Cancillería guyanesa.
• El 15 de septiembre el embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandy, declara que la solicitud guyanesa está siendo analizado por la Dirección de Fronteras de la Cancillería venezolana.
• El 16 de septiembre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado en el que denuncia "el entreguismo" del Gobierno de Hugo Chávez a Guyana y exige que el Ejecutivo proteste ese acto unilateral. La alianza recordó que la reclamación sobre el Esequibo sigue vigente y rechazó la supuesta ambigüedad del Presidente.
• El 26 de septiembre El Universal publica el mapa con la solicitud guyanesa de extensión de plataforma continental y reseña que ese Gobierno desconoció el reclamo venezolano en el documento entregado en la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU.
• El 26 de septiembre la Cancillería venezolana mediante un comunicado de prensa califica a la petición guyanesa de "irregular", manifiesta preocupación porque el Gobierno guyanés no informó previamente, dice que la controversia es un legado del colonialismo y arremete contra la "burguesía" de Venezuela.
• El 29 de septiembre El Universal publica un memorando que el embajador Darío Morandy envía a la Cancillería en mayo de 2009 informando de la petición de Guyana. El diplomático advierte "queda evidente que con esta acción Guyana estaría tratando de cerrarle a Venezuela su salida oceánica al Atlántico".
• El 29 de septiembre el presidente de la República Hugo Chávez aparece en televisión e informa que los cancilleres de Guyana y Venezuela se reunirán al día siguiente en Trinidad.
• El 30 de septiembre y con la presencia del buen oficiante de la ONU Norman Girvan, los cancilleres de Guyana y Venezuela se reúnen y redactan un comunicado conjunto en el que Venezuela recordó "su legítimo derecho de soberanía y jurisdicción en la fachada atlántica", las partes reconocieron que la delimitación de las fronteras marítimas es un tema pendiente y reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de Ginebra.
rtheis@eluniversal.com
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