Tras la salida de Jesús Aguilarte por razones de salud, Carrizález asumió la Gobernación VENANCIO ALCAZARES
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
jueves 27 de octubre de 2011 12:00 AM
Arrancó el proceso. Luego de escuchar los reclamos expuestas por dos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional ordenó ayer a su unidad técnica administrativa que revise la acusación de corrupción que pesa sobre el gobernador de Apure, Ramón Carrizález.
Wilmer Fernández y Francisco Rodríguez Castro, fichas del PSUV y miembros de la comisión popular anticorrupción del estado llanero, presentaron el caso de Carrizález ante los diputados. Según los denunciantes, el mandatario apureño solicitó y obtuvo de parte del Consejo Legislativo un crédito adicional por 21 millones 955 mil 547,54 bolívares para adquirir 30 compactadores de basura de 30 yardas, construidos sobre chasis International con Winch de 6 mil libras.
Sin embargo, tal como lo admitió posteriormente Carrizález, la Gobernación adquirió camiones marca Ford con un cajón compactador marca Farid de 20 yardas.
Además de cuestionar el cambio del tipo de vehículo y señalar que el ex vicepresidente de la República nunca justificó claramente esta operación, Fernández y Rodríguez Castro afirman que la transacción incluyó un sobreprecio de 28%. De acuerdo con sus cálculos, cada compactador costaba Bs. 750.457,42, pero se terminó pagando 937.100,57.
"Pese a que los camiones son más pequeños y baratos, el gobernador pagó la misma cantidad", sostuvo Rodríguez Castro ante los legisladores.
No me ayudes...
En una carta enviada al Consejo Legislativo el 5 de septiembre, Carrizález explicó que el cambio de compactadores "obviamente presentó un diferencial en cuanto a los montos acordados a favor de la Gobernación; con este diferencial desde el Ejecutivo regional, en vez de solicitar el reembolso, se toma la decisión de adquirir otras maquinarias".
Fernández consideró que con esta declaración, el gobernador se está incriminando. "Carrizález ha tenido que reembolsar ese dinero, él lo pidió para unos camiones y resulta que después lo dispuso para otras maquinarias", se quejó. Todo esto se hizo sin licitación, pues sirvió de intermediaria la estatal Venezolana de Exportaciones e Importaciones (Veximca).
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