La muerte de dos periodistas, cuyos cadáveres aparecieron atados en un parque, aumentó el clima de terror que pesa sobre la prensa en México, donde al menos 8 comunidaores han sido asesinados este año
Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras pidieron el viernes una rápida investigación para aclarar el asesinato de Ana María Marcela Yarce y Rocío González, al tiempo que destacaron el deterioro de las condiciones de trabajo para los medios de comuniación.
Las dos mujeres fueron estranguladas con una soga y luego recibieron disparos, señaló en una conferencia de prensa el fiscal de Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, quien dijo que una de las hipótesis que se investiga es un posible robo, pues una de ellas retiró pocas horas antes una fuerte suma de dinero.
"Independientemente de sus múltiples móviles posibles, la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación", destacó este viernes en un comunicado la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU al condenar el crimen.
Yarce fue fundadora de Contralínea, una revista conocida por sus denuncias e investigaciones sobre corrupción, y actualmente se desempeñaba como responsable de relaciones públicas de la publicación.
Por su parte González, que fue reportera de televisión durante más de una década, escribía artículos como periodista independiente para varias publicaciones. Ambas salieron juntas la noche del miércoles y sólo se volvió a saber de ellas cuando sus cuerpos fueron identificados la tarde del jueves por familiares.
La organización Reporteros Sin Fronteras expresó este viernes su "conmoción" por el asesinato de estas comunicadoras y condenó lo que calificó como una "escalada de terror" que enfrentan los periodistas mexicanos.
A los ocho asesinados este año, se suman secuestros y desapariciones de al menos otros cinco reporteros, ataques contra las sedes de los medios y llamadas amenazantes a las salas de redacción.
Estos ataques paradojicamente se han multiplicado el último año, pese a que en noviembre de 2010 el gobierno anunció una estrategia para contrarrestar las acciones contra los periodistas y los medios.
Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, señaló que es urgente que "el gobierno cumpla con los compromisos de esa estrategia".
Un informe de un relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión difundido en junio en Ginebra catalogó a México como el país de América más peligroso para la prensa, con 66 periodistas asesinados entre 2000 y 2010.
"Lo que vemos es que cada vez es más evidente que el Estado no es capaz de ofrecer a los periodistas las condiciones mínimas para ejercer su labor", dijo por su parte Darío Ramírez, director de la oficina en México de la organización internacional para la defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres.
A la crueldad de los ataques contra los periodistas se le han sumado las declaraciones contradictorias de autoridades judiciales y el lento avance de las investigaciones, que no arrojan resultados.
En junio, después del asesinato de Yolanda Ordaz, una reportera policial del diario Notiver, de la ciudad de Veracruz (este), la fiscalía local señaló que su asesinato era ajeno "al ejercicio de la profesión" e insinuó una posible relación de varios trabajadores de los medios de la zona con el cartel de Los Zetas.
Esas declaraciones originaron un éxodo de periodistas de Veracruz, por temor a convertirse en blanco de represalias de los enemigos de Los Zetas. Al menos cinco abandonaron la ciudad señalando la incapacidad de las autoridades locales y estatales de garantizar su seguridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario