El exalcalde de Chacao, Leopoldo López, está a la espera de que la Corte Interamericana informe si le dio la razón o no | ARCHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
lunes 12 de septiembre de 2011 12:00 AM
Las inhabilitaciones que la Contraloría General de la República puede imponerle a cualquier ciudadano vuelven a estar en la palestra. Esta semana se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos publique el fallo donde responderá la petición que le hiciera el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, para que le deje sin efecto esa sanción, la cual le impide postularse para ningún cargo público hasta 2014; y para que le ordene al Estado modificar la legislación, para que solamente un juez pueda impedirle a alguien ser elegido.
El pronunciamiento no solo es esperado por el coordinador de Voluntad Popular, sino también por los más de 400 venezolanos que hoy no pueden laborar dentro de la administración pública, pues el organismo encargado de velar por el buen manejo de los fondos públicos los considera una amenaza para el tesoro nacional.
De acuerdo con la información que figura en la página web de la Contraloría, en la actualidad 405 ciudadanos están inhabilitados y entre ellos destacan los exgobernadores de los estados Guárico, Miranda, y Amazonas, Eduardo Manuitt, Arnaldo Arocha y Bernabé Gutiérrez; respectivamente.
A los primeros el fallecido Clodosbaldo Russián les impuso la sanción máxima: 15 años, por lo que solo después del 2020 podrían ocupar algún cargo de elección o designación.
La misma medida le fue aplicada también al expresidente del Fondo de Garantías y Depósitos Bancarios (Fogade), Jesús Caldera Infante; al exviceministro de Finanzas, Jesús Bermúdez; y el exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada y del plan Bolívar 2000, general Manuel Rosendo.
En la web de la Contraloría figura que 812 inhabilitados a lo largo de los últimos años ya cumplieron su sanción y por lo tanto pueden ser electos o nombrados en algún cargo.
El difunto contralor y otras autoridades han defendido el uso de esta medida, alegando que la misma sirve para combatir la corrupción y han sostenido que ella distinta a la inhabilitación establecida en la Constitución, en sus artículos 64 y 65; y que solo puede ser impuesta por un juez, por cuanto no limita todos los derechos políticos de un ciudadano.
Llama la atención que entre los sancionados no figuren los implicados en el caso Pdval, el cual fue revelado por la propia Contraloría.
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