La Comisión, que inició su labor en abril de 2010, reprochó a Zelaya su "injerencia" en los demás poderes del Estado, y destacó que la crisis que derivó en su derrocamiento comenzó "varios meses" antes.
"Los comisionados podemos afirmar que los procesos seguidos contra el presidente Manuel Zelaya fueron un golpe de Estado al Ejecutivo", dijo el coordinador de la Comisión, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, al divulgar el informe ante Lobo y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
"Se da un golpe de Estado cuando han ocurrido cuatro elementos: que la víctima del golpe sea el presidente de la república; que el perpetrador del golpe haya ejercido violencia; que las acciones que conforman el golpe sean abruptas, repentinas y rápidas; y que la acción se produzca en clara violación del procedimiento constitucional para la destitución del presidente", expresó Stein.
"Lo ocurrido tiene las cuatro características de un golpe de Estado en contra de Zelaya", dijo Stein.
Zelaya fue detenido en su casa y expulsado del país la madrugada del 28 de junio de 2009 en una operación militar que contó con el aval de la Corte Suprema y el Congreso. Intentaba realizar ese día una consulta popular -declarada ilegal por la Justicia y el Congreso- con el fin último de cambiar la Constitución para buscar un nuevo mandato.
"Los comisionados reconocemos que la convocatoria a una consulta (...) marcó el elemento definitivo de la confrontación que tuvo como desenlace la captura del presidente Zelaya y su posterior expulsión a Costa Rica, ejecutándose de esta forma el golpe", dijo Stein.
"La expulsión de Zelaya fue tanto responsabilidad de él mismo, como de los que lo sacaron", afirmó.
El Congreso nombró ese mismo día como nuevo presidente a su titular, Roberto Micheletti, quien dirigió un gobierno de facto de siete meses que nunca obtuvo reconocimiento internacional.
Zelaya dijo este jueves que el informe de la Comisión "significa el cierre de un capítulo", pero negó haber violado leyes.
"Yo jamás en la vida he violado leyes", declaró el ex mandatario a la AFP.
"Yo no tengo ninguna demanda que se me haya hecho, ninguna citación (de un tribunal), entonces de qué se trata, cuál es la ley que yo viole, que me digan", agregó Zelaya, un liberal que dio un giro a la izquierda en su gobierno.
Micheletti siempre alegó que Zelaya fue depuesto en una "sucesión constitucional", lo que fue desestimado por la Comisión de la Verdad, auspiciada por la OEA.
Sin embargo, expresó Stein, en los meses previos "Zelaya se fue colocando en posiciones de riesgo violando varias leyes, y llevó a cabo acciones que lo dejaron sin sustento político y enfrentando al resto de la institucionalidad en el país".
"En el ejercicio de la función pública se produjo de hecho una injerencia de las competencias de los poderes del Estado, más visible pero no única del Poder Ejecutivo hacia los demás poderes, situación que condujo a una situación de incertidumbre", dijo.
El informe, de 550 páginas, además de anexos con otras 700, recomienda a Lobo que pida "perdón" a las víctimas del golpe.
Por su parte, Insulza dijo que los propios hondureños deben decidir si castigan a los "culpables" del golpe.
"Para la OEA este capítulo del golpe ya está cerrado", dijo Insulza. "Es una decisión de Honduras castigar a los culpables del golpe", agregó.
Lobo agradeció el trabajo de la Comisión y declaró que "dichos hechos no deben repetirse jamás".
"La Comisión de la Verdad nos ayuda a sanar las heridas, porque la verdad es el inicio de todo proceso de curación", manifestó Lobo, quien firmó un pacto de reconciliación con Zelaya que permitió su regreso del exilio el 28 de mayo.
La OEA mantuvo suspendida a Honduras por casi dos años tras el golpe, hasta que acordó su reintegró el pasado 1 de junio, poniendo fin a su aislamiento internacional.
Civiles protestan el 28 de junio de 2009 cerca del palacio presidencial de Tegucigalpa tras anunciarse el relevo del presidente Manuel Zelaya. Una comisión designada por el presidente hondureño Porfirio Lobo determinó, el 7 de julio, que elaya fue derrocado en 2009 en un "golpe de Estado" y no mediante una sucesión constitucional, como argumentaron quienes lo depusieron.
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