"Hay un ensañamiento"

Tal Cual

José Luis Tamayo, abogado del comisario Iván Simonovis, sostiene que hay irregularidades en la decisión del Tribunal. Denuncia que se tenga que recurrir a una huelga de hambre para exigir un derecho constitucional y legal

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

El comisario Iván Simonovis levantó ayer la huelga de hambre luego de que el Tribunal 1° de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua finalmente se pronunciara y negara nuevamente la medida humanitaria solicitada desde hace 10 meses.

Su abogado, José Luis Tamayo, cree que en este caso y en el de los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana hay un ensañamiento inexplicable, porque no hay ninguna voluntad política de parte del Gobierno de permitir se le otorguen los beneficios que por ley le corresponden. Asegura que la decisión de la jueza Ada Marina de Armas se basó en un examen médico forense practicado el 11 de septiembre del año pasado "caduco e incompleto".

–¿Fue esta la única revisión que se le hizo?
­–No. El 16 de agosto de 2013 se presentó en Ramo Verde un médico forense de apellido Fossi, proveniente de la dirección de derechos fundamentales de la Fiscalía General, que le hizo un amplio estudio físico. Ese informe que emitió era favorable a la medida humanitaria, pero extrañamente se extravió y nunca apareció pese a nuestras exigencias de envío al Tribunal. Luego de eso, ante mi insistencia de que pasaba el tiempo y no había avance en el asunto, se presenta en Ramo Verde otra médico forense. Simonovis le explicó que hacía tres semanas ya le habían hecho la evaluación. Ella no lo llegó a examinar porque Simonovis no se dejó y entonces lo que hizo fue dejar constancia de que no se notaba alguna enfermedad grave o terminal evidente, y además recomendar hacer una junta médica para determinar sus patologías.

–¿Esto se hizo?
­–Sí. A raíz de esta sugerencia, en diciembre la jueza ordena que se conforme una junta médica con galenos del Hospital Militar, y en enero Simonovis fue trasladado y atendido por nueve médicos que produjeron cada uno un informe. A la jueza no le gustó así y ordenó un informe conjunto, que en efecto se hizo y se envió al Tribunal. Allí se paralizó la decisión. Ahora a raíz de la huelga de hambre se publica la decisión con fecha de 23 de mayo, es decir tres días antes de que Simonovis se pusiera en huelga. Esto es falso, porque el abogado de Maracay, Enrique Perdomo, pasó por el tribunal y no había nada. Esto está rodeado de irregularidades y misterios.

–¿Qué le queda ahora hacer a la defensa?
­–Nos toca apelar para que sea revisada esa decisión. Además vamos a reiterar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la necesidad de que se avoque al conocimiento de la causa de Simonovis porque está más que justificado. Una de las razones que motivan un avocamiento, de acuerdo a la Ley Orgánica del TSJ, es que esté en tela de juicio la honorabilidad y respetabilidad del poder judicial. Y en esta situación, decisiones tardíamente, fechas cambiadas e informes que no se revisan, denotan que no se está impartiendo una justicia transparente.

–¿Qué pasó con su caso en la mesa de diálogo entre la MUD y el Gobierno?
­–Lo máximo que se logró fue el examen conjunto que se hizo con un médico del oficialismo y otro de la oposición. Se produjo el informe y hasta allí llegó todo. Se suspendieron las conversaciones y no pasó nada más. Quedó congelado.

–¿Qué decía este informe?
­–Ratificó las patologías que tiene Simonovis, y eso es lo que se había exigido para considerar la posibilidad de darle una medida humanitaria. Pero en definitiva el que está legalmente obligado a darla o no es el Poder Judicial a través de los tribunales.

–¿Cuáles son los beneficios legales a los que puede optar por los años ya cumplidos?
­–A partir del cuarto de la pena le correspondía el destacamento de trabajo. Eso se cumplió en junio de 2012. Este beneficio consiste en que duermen igual en la cárcel pero en el día salen a trabajar.

–¿La defensa ha solicitado esto?
­–No lo hemos pedido, porque en el caso de los policías metropolitanos lo hicimos mucho antes y el tribunal de ejecución lo ha negado. Y fundamentalmente porque para tramitar esta medida alternativa al cumplimiento de la pena es necesario que se practiquen una serie de exámenes psicosociales que en el Sebin no se podían hacer. El oficialismo insiste en que cometió delitos de lesa humanidad.

–¿Es cierto?
­–La sentencia de condena fue por delitos ordinarios. La Fiscal General de la República actual, que fue la que acusó, lo hizo por el delito de homicidio en grado de complicidad. No acusó por delitos de lesa humanidad. Como funcionario policial no tiene ningún impedimento de recibir beneficios justamente porque tampoco fue condenado por violación de derechos humanos.

–¿El Estado le ha garantizado el derecho a la salud durante su estadía en Ramo Verde?
­–A medias, porque él tendría que tener dieta especial, rehabilitaciones y visitas médicas periódicas que no está recibiendo. Se le ha garantizado el derecho a la salud únicamente y exclusivamente cuando ha estado en casos de emergencia, es decir, cuando ya está padeciendo de alguna afección grave que ha obligado a trasladarlo en seis oportunidades a diferentes centros hospitalarios.

–¿En qué se benefició Simonovis con este traslado?
­–Por lo menos las condiciones de reclusión son mucho más favorables que las del Sebin. Puede tomar sol, hacer ejercicio y estar al aire libre en determinados momentos, en cambio en el Sebin era un encierro total y salía al aire libre cada 15 días.

–¿Su debilidad puede deberse a las condiciones de reclusión en el Sebin?
­–Obviamente que la mayoría de las patologías se desarrollaron por las precarias condiciones de detención en el Sebin. De hecho, la osteoporosis se le agravó dramáticamente por el hecho de no tomar sol durante años.