Hable claro, Presidente

Tal Cual

Fedecámaras pide al Gobierno que informe debidamente al país sobre la situación económica y le recuerda que para decretar el aumento de la gasolina debe tener apoyo político. Para el empresariado la Ley de Precios Justos es contraria a las disposiciones constitucionales. Expertos opinan que la referida ley es parte de la instauración de un Estado comunal

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Es evidente que para tomar medidas como el aumento de la gasolina, el gobierno debe contar con un amplio apoyo político, señaló Jorge Roig, presidente de Fedecámaras.

Según el titular del organismo empresarial, otra de las medidas que debe tomar el Ejecutivo Nacional es poner un coto al financiamiento que hace el Banco Central de Venezuela (BCV) del sector público con una emisión de dinero inorgánico que afecta la inflación.

Roig indicó que la administración central también debe ajustar los precios, porque aunque duela reconocerlo, tienen muchos años rezagados, por eso es que no aparecen los productos y tampoco se incentiva su producción.

HABLARLE CLARO AL PAÍS

"Hay que poner disciplina fiscal no se puede seguir gastando lo que no se tiene y sobre todo, hay que hablarle claro al país. Hay que decirle estas son las cuentas porque en este momento, uno no sabe si el gobierno tiene dinero, por un lado dice que sí tiene y por otro lado, no se pagan los elementos básicos", subrayó el empresario.

Este año, que no es electoral, considera que era propicio para que el Gobierno tomara las medidas económicas adecuadas, pero debido a la situación social del país no se pudo hacer.

Destacó Roig que los sectores de la actividad productiva más afectados por la actual situación económica no son los que más inciden sobre la población. "Hay muchos sectores como el metalmecánico que están peor que el de la medicina porque ha caído terriblemente la producción de acero, por parte de Sidor".

LEY CON DISTORSIONES

Por su parte, el abogado Leonardo Palacios, habló sobre las distorsiones de la Ley Orgánica de Precios Justos, la que calificó de inviable, absolutamente inaplicable, contraria a las disposiciones constitucionales y a la racionalidad financiera, previstas en la Constitución.

Según Palacios, la referida normativa "es parte de la instauración de un Estado comunal. Podemos decir en definitiva que esta Ley no es una improvisación sino que ha sido parte de la visión sistemática y acoplada al establecimiento de un régimen que lo que busca es asfixiar a la iniciativa privada".

El jurista, José Vicente Haro, agregó que la referida Ley desfigura el concepto de renta, ya no es el crecimiento que se adoptó en la Ley de Impuesto Sobre la Renta en 1943 sino que es artificiosa y no busca la susceptibilidad que tiene el patrimonio, de ofrecer un sacrificio para el financiamiento de las cargas públicas.

"Hay que fortalecer la nulidad solicitada de la Ley porque se viola el principio de legalidad, no puede haber tributo sino hay una Ley, no puede haber tributo sino existe una representación", agregó.